La sentencia del Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís ha generado controversia. En la comunidad hubo de inmediato protestas y ataques a los jueces y al gobierno, incluyendo la quema de gomas e incendio de objetos, agresiones directamente a los abogados de los dos imputados, y ataques al sistema de justicia por la supuesta parcialidad y protección a delincuentes y criminales.
El crimen contra la adolescente Emely Peguero fue horroroso e indignante y el Ministerio Público tenía la responsabilidad de formular un caso sólido, con las pruebas que pudo recopilar, tanto contra Marlon Martínez, principal imputado y autor directo del crimen contra una adolescente embarazada, como para su madre, Marlin Martínez, quien aparece como la instigadora de que su hijo asesinara a la joven que había embarazado.
Contra Marlon la sentencia fue pena máxima, 30 años, y contra Marlin fue emitida una pena de 5 años de prisión. Esta snetencia, para los familiares de la víctima y para amplios sectores sociales fue benigna. Inmediatamente el Procurador General de la República ofreció una declaración en Santo Domingo rechazando la sentencia y anunciando que los fiscales la apelarían tan pronto sea notificada por el tribunal.
El Ministerio Público representó a la sociedad en este caso, fue la parte acusadora, y la familia de Emely Peguero estuvo acompañando como actor civil, buscando la reparación de los daños causados. El tribunal tomó otras decisiones, que han quedado sepultadas por la cadena de acontecimientos, como la condena de 20 millones de pesos a pagar en compensación a la familia de Emely Peguero, en porciones iguales, de 10 millones por parte de Marlon y otros 10 millones por parte de Marlin. Es decir, partes iguales a pagar, pero penas distintas en la sanción penal.
La familia de Emely Peguero y la sociedad francomacorisana, quieren venganza, entendido el término en el buen sentido de cobrar a los imputados de forma justa el daño ocasionado, y se animan en que sea la justicia la que le aporte esa satisfacción. La venganza social se obtiene, para ellos, con la pena máxima para los dos imputados.
Lo que ha pasado es sabido por todos. La gente se convenció de que el papel de Marlin fue fundamental para que su hijo cometiera el crimen, y ella le ayudó en el ocultamiento. Imposible que la gente deje de pensar de ese modo. Los jueces del tribunal colegiado estaban obligados a ponderar las pruebas. Y el Ministerio Público fue poco convincente y no reunió con elementos que pudieran probar esa versión. Los jueces no podían corregir lo que el Ministerio Público hizo mal.Ya los jueces no emiten los fallos a partir de la "íntima convicción", sino de las pruebas presentadas por los fiscales y abogados de la parte acusadora, y por lo que ordenan las leyes.
El proceso penal no está cerrado. Apenas comienza con esta decisión, que será evaluada en una corte de apelación y luego ponderada en la Suprema Corte de Justicia. Una cosa es la búsqueda de venganza y otra muy diferente es garantizar la justicia a todas las partes de un proceso, incluyendo a los imputados.
Ha ocurrido una implicación poderosa de la sociedad donde se produjo el crimen, y hasta del país, y el odio al crimen ha traspasado la frontera y se ha convertido en el odio al criminal y a sus relacionados, como ocurre con Marlin Martínez. Populismo Penal le llaman algunos a las decisiones de los jueces que responden al clamor popular y no a los datos probatorios que tienen frente. Identificarse con la víctima es la manera más fácil de salir de un caso, dictando pena máxima.
Los jueces están obligados a evaluar todos los elementos, y a ponderar hasta dónde los fiscales han tenido la oportunidad de representar el crimen como realmente fue, y no como ellos se lo imaginan. Ahí está el problema. El deseo de regresar al ojo por ojo frente a la búsqueda moderna de la imparcialidad, de la justicia, que es el fin último. No se puede pedir o buscar justicia con rabia. Eso es lo que muchos están pidiendo, y los tribunales tienen el deber de alejar la rabia de sus decisiones.