La Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) decidió subir un 14% a los precios de los servicios de salud que ofrecen sus afiliadas, y de inmediata la Administradora de Riesgos de Salud más grande del país, el Seguro Nacional de Salud (SENASA), objetó esa decisión por los efectos nocivos inmediatos que esa decisión acarrea.

La respuesta de las clínicas afiliadas a la ANDECLIP ha sido suspender los servicios a los afiliados del SENASA. Sin pensarlo mucho, sin que medie ni siquiera un intento de diálogo, los propietarios de clínicas decidieron suspender los servicios a los afiliados al SENASA.

Hay que decir que los afiliados no tienen por qué correr los riesgos de una interrupción repentina, abrupta, extemporánea, de los servicios de salud que tienen contratados. Entre SENASA y las clínicas existe un contrato de servicios que debe contemplar cómo se actúa cuando hay aumento de los costos.

Incluso los aumentos del costo de los servicios debe estar pautado con unas reglas claras, que incluye la prohibición de la interrupción de los servicios de salud. Esos servicios deben ser sagrados, y en la Ley de Seguridad Social se encuentran como parte de un esquema global donde los afiliados son el soporte fundamental y quienes deben ser protegidos.

Entendemos que los miembros de ANDECLIP se hicieron sujetos de demandas por daños y perjuicios y por interrumplir unilateralmente un servicio fundamental, que tiene que ver con la vida de las personas afiliadas al SENASA.

Además, hay un problema adicional de fondo, más allá de los aumentos del costo de la vida, del paquetazo fiscal, de los aumentos de los precios de la energía y de los medicamentos, y de otros elementos que elevan los costos operacionales de los centros de salud: SENASA ha sido eficiente, ha trabajado con costos reales, no ha abultado sus finanzas y brinda servicios a más bajos costos que las demás ARS del país. Y esto ha sido satanizado por las ARS de la competencia y por los propietarios de clínicas privadas.

Esa es una de las razones de la radicalidad de ANDECLIP contra el SENASA. Y por eso han sido tan radicales y han prohijado un exabrupto, pese a que dañan a miles de personas, especialmente los más pobres que son los afiliados al SENASA.

Entendemos que el Consejo de Seguridad Social debe intervenir con los mecanismos legales a su disposición, para procurar regular más y mejor este tipo de actuaciones violentas y desconsideradas. Y que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) adopte las medidas disciplinarias de lugar.

Es cierto que los costos han aumentado, y que hay un ajuste que está aplicando el gobierno en el área impositiva, pero todos los sectores son afectados en el mismo modo, y no es posible que las clínicas privadas tomen decisiones, al margen del derecho que tienen a ganar dinero, que pongan en peligro la vida de los afiliados de la más grande y mejor administrada ARS de salud del país.