La Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución de la Procuraduría,informÓ este sábado de la "Operación Coral", dentro de la lucha contra la corrupción.
Fueron ejecutados 27 allanamientos en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná, Santo Domingo y Distrito Nacional, y arrestados exfuncionarios militares, policías y personas civiles.
Las autoridades, además, identificaron y tomaron control de bienes multimillonarios, sobre todo inmuebles.
La figura más notable de los apresados es el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, durante el gobierno del presidene Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre.
Castigo para quienes sean hallados culpables, recuperación de los bienes adquiridos con malas prácticas y advertencia firme para los actuales y futuros funcionarios del Estado dominicano.
Asimismo, fueron arrestados los pastores evangélicos Rossy Guzmán Sánchez y Tanner Antonio Flete Guzmán; el teniente coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez De Aza y el ciudadano Raúl A. Girón Jiménez.
Solo a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, vinculada al mayor general Cáceres Silvestre, se le atribuye la compra de diez solares en Colinas del Oeste, con una extensión de unos 4,000 metros cuadrados, valorados en alrededor de RD$ 40 millones de pesos, entre otros bienes.
La Operación Coral es la tercera de su tipo que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, con el liderazgo de la Procuradora Miriam Germán Brito. Las dos anteriores fueron Operación Anti Pulpo y Operación Calamar Gigante.
Si existe una promesa de las actuales autoridades que la ciudadanía anhela que se le dé cumplimiento cabal es la lucha contra la corrupción, que necesariamente debe de empezar por evitar el maligno borrón y cuenta nueva, que no es otra cosa que impunidad y encubrimiento.
Sentado el precedente de evitar que quienes se aprovecharon de los cargos públicos y de sus influencias políticas para acumular fortunas ilícitas gocen de impunidad, será más viable imponer prácticas preventivas de rigor en los funcionarios nombrados por el presidente Luis Abinader.
El equipo de la Procuraduría General de la República debe de ser alentado y apoyado por la gente que aspira a una sociedad decente y más justa.
Ojalá que el sistema de justicia asuma estos casos en correspondencia con el empeño que ha puesto el Ministerio Público para identificar los ilícitos, reunir las pruebas y testimonios que sustenten los expedientes.
Apoyamos la lucha contra la corrupción, sin distinción de vínculos políticos. Esperamos que castigo para quienes sean hallados culpables, recuperación de los bienes adquiridos con malas prácticas y advertencia firme para los actuales y futuros funcionarios del Estado dominicano.