El Consejo Nacional de Educación (CNE), el órgano más importante de la educación en el país, aprobó que el presupuesto del 2012 para el sector educativo sea del 4.09% del Producto Interno Bruto, como establece la ley 66-97.

La votación fue una demostración del apoyo que ha alcanzado la propuesta del cumplimiento de la ley para la asignación de los fondos a la educación. Aunque los miembros del Consejo Nacional de Educación son casi todos del sector oficial, 9 de los 12 miembros favorecieron que el presupuesto fuese del 4.09%, y apenas 3 de ellos votaron en contra de esa decisión.

Habría que revisar los criterios de esos miembros del CNE que no favorecieron el cumplimiento de la ley. Quienes no favorecen más recursos para la educación se escudan en que el Ministerio no tiene capacidad para ejecutar un presupuesto tal alto, otros dicen que es mejor invertir en  la calidad de la educación y otros argumentan que los recursos del país no dan para tanto y que el gobierno debe atender otras áreas.

Está claro que en el CNE existe una mayoría que participa del cumplimiento de la ley, y el mandato del órgano de mayor poder de la educación nacional fue que la Ministra, Josefina Pimentel, presentara en el Consejo de Gobierno una propuesta de presupuesto para el 2012 como ordena la ley.

Ese solo hecho es un gran triunfo para los miembros de la Coalición por una Educación Digna. Por cierto, hay que tomar en cuenta que el CNE aceptó que los representantes de esa entidad fuesen a la reunión y presentaran los argumentos a favor del 4%. Allí estuvieron el experto Nelson Suárez y otros distinguidos líderes sociales.

La lucha por el mejoramiento de la educación dominicana nunca había alcanzado cotas de apoyo, consistencia y relevancia como lo ha demostrado en esta ocasión, con la campaña del 4%. La actual Ministra, Josefina Pimentel, es una persona comprometida con la educación, se le reconoce honorabilidad y honestidad, y social y políticamente no está en condiciones de oponerse a una demanda que favorece su gestión y la coloca en condiciones de dar un salto significativo al sistema educativo.

Es lamentable que en la decisión del Consejo de Gobierno no se corresponda con los reclamos del país. Este año se aprobó una reforma fiscal para aumentar los fondos públicos, con la supuesta intención de fortalecer el presupuesto de educación. El gobierno decidió aprobar apenas el 3% del PIB para la educación. Es decir, le está restando el 1.09% del PIB al proyecto que presentó el Consejo Nacional de Educación.

Como han dicho los líderes de la Coalición por una Educación Digna, pareciera que el gobierno no tiene la educación como prioridad. Son otras las obras en las que desea invertir el gobierno, en particular las obras de infraestructura, como el Metro de Santo Domingo, que nunca fue reclamado por nadie, pero al que se destinan fondos en exceso.

Habrá quienes afirmen que el aumento es significativo. Es casi duplicar el presupuesto de educación, pues se pasa del 1.8% al 3% del PIB. Pero la educación dominicana necesita más recursos. Esa es la realidad. ¿De qué vale el esfuerzo de toda la sociedad para que haya más conciencia y sensibilidad en las autoridades del gobierno respecto a la educación y los recursos que necesita?

La lucha tiene que seguir. No se trata de un regalo, ni de una propina. Lo que se reclama es el cumplimiento de una ley, y los funcionarios del gobierno son los más llamados a conseguir que se cumpla la ley, y más si es para favorecer la educación, tan olvidada y postergada en las prioridades políticas.