Pese a sobrepasar ya los dos años, el gobierno del presidente Danilo Medina no ha tenido sosiego, ni un período de tranquilidad, como ocurre normalmente con los gobiernos que se inauguran en la administración pública.
Con el gobierno del presidente Medina ocurrió que nació viejo. Su gabinete fue una continuación de la línea dejada por la anterior administración del presidente Leonel Fernández. Los ministros que quedaron eran abrumadoramente más sobresalientes que los ministros que entraron. Aparte del presidente fue poco lo que hubo en cambios de cara, y pese a que se dejó la impresión de que vendrían nuevos relevos, eso no pasó.
Casos emblemáticos, por los errores y por haber sobresalido en dislates, son los del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental y hasta el embajador en el Vaticano, que el presidente no ha tenido la fuerza ni la voluntad de sustituir, pese a que su permanencia en esos cargos desdicen totalmente de las palabras del presidente Medina.
Cuando se inició el gobierno ya estaba abierto el debate sobre el déficit fiscal y las protestas y juicios populares contra el ex presidente de la República Leonel Fernández. Luego vino el proceso judicial a iniciativa del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, contra el doctor Fernández, y a pies juntillas ya estaba el gobierno negociando una reforma fiscal para aumentar los ingresos públicos en 55 mil millones de pesos.
Luego vino el expediente Barrick Pueblo Viejo, que concentró las fuerzas del gobierno en la renegociación del contrato previamente rubricado por el ex presidente Leonel Fernández en el 2009, y el presidente debió dedicar varios meses a la renegociación y a intentar que su gobierno comenzara a recibir parte de los beneficios que habían sido pautados para recibirse por parte del Estado luego del 2016.
Y entonces vino la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, desnacionalizando a cientos de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Un Tribunal designado por el ex presidente Leonel Fernández había metido al gobierno en un gran tollo internacional, aislándolo prácticamente y colocando un sello negativo sobre la imagen del país con el tema de la apatridia.
El gobierno debió concentrarse casi durante un año para esquivar los dardos provocados por esta sentencia. Hubo que hacer una ley, y luego un reglamento de aplicación, y todavía el gobierno de Danilo Medina no sale de ese tollo. Ahora vendrá la supuesta inconstitucionalidad de la adhesión de la República Dominicana a los tratados de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y también tuvo que bregar el gobierno con la decisión de negociar el caso de corrupción más grande del país, de acuerdo con el procurador Francisco Domínguez Brito, el caso Bahía de las Aguilas. En ese embrollo estaba metida la decisión del anterior gobierno, que había aceptado una negociación con los adquirientes de los terrenos. Todo el mundo sabe que hubo un origen malicioso y con falsificación de documentos, aunque algunas personas hayan comprado de buena fe y hayan sido estafadas.
Y posteriormente le vino a Danilo Medina la decisión del Congreso sobre Loma Miranda, en donde en concierto del congreso fue unánime, entre senadores y diputados del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo los seguidores de Leonel Fernández y los de Danilo Medina.
Podrá notarse en todos los actos importantes, relevantes, la presencia de intereses y personas relacionadas con la anterior administración presidencial, sobre las cuales Danilo Medina ha tenido que sobrevivir sin dar la impresión de que les está afectando, porque está claro que el presidente no quiere problemas con su compañero de partido, presidente del PLD, y potencial candidato a sustituirle en la casa presidencial a partir del 2016.
Son cosas de la política.