La Policía Nacional mantiene vigente una política de “intercambio de disparo”, que desdice del sistema democrático y que es la mejor de las evidencias de que el Estado no quiere asumir el fracaso del modelo draconiano de combate a la delincuencia.
La Policía Nacional mata ciudadanos todos los días. Lucha contra la delincuencia, dicen los voceros policiales, pero se trata de una política de eliminación física de jóvenes en conflicto con la ley, algunos de los cuales representan un peligro para la sociedad.
No existe la pena de muerte en la Constitución dominicana. Por tanto, lo que hace la Policía Nacional contra los delincuentes es absolutamente violatorio de los derechos humanos y al mismo tiempo esa política posibilita que muchos agentes delincuentes se escuden en ese método para eliminar a sus socios en el crimen.
El propio jefe de la Policía ha dado declaraciones a los medios de comunicación decretando la muerte de ciudadanos buscados por la Policía, como fue el reciente caso del conocido como Cacón. Lo mismo ha pasado con Junior Javier Minaya, mejor conocido como Gilbert, que fue muerto por agentes de la Policía Nacional, luego de varias otras muertes en Herrera. En esta zona ha habido muchas denuncias de la connivencia de patrullas policiales y propietarios de puntos de droga.
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