No conozco ninguna estadística de la “cifra negra” de delitos en la República Dominicana. No he visto cifras de hechos delictivos no denunciados o que, habiéndose denunciado, no fueron objeto de investigación preliminar.
No todo tiene que ir al sistema judicial, pero esto no quiere decir que los hechos que, por su magnitud deban ser investigados, queden fuera del sistema, más cuando sea por razones de conveniencia política del Ministerio Público.
A pesar de las reformas, aun el sistema padece de burocratismo, victimización e incapacidades para resolver ciertos delitos complejos y otros de menor intensidad. Muchos casos reflejan preocupantes incapacidades investigativas y formativas del Ministerio Público como también investigaciones dirigidas en un orden predeterminado, violándose el principio de objetividad que rige sus actuaciones.
Todavía tenemos un sistema que opta por detenciones de flagrancia en lugar de investigaciones eficaces; que no investiga profundamente y prefiere mecanismos de abreviación de las investigaciones; y que amplía los supuestos de prisión preventiva para dar “respuestas”, en lugar de buscar los responsables que califiquen luego de una investigación objetiva, rigurosa y oportuna.
Aunque correcto, haberse enfocado más en la implementación de la nueva normativa procesal no fue suficiente. Era necesario fortalecer las capacidades para investigar, y modificar el esquema organizativo, de gestión y respuesta del Ministerio Público.
Y, más que todo, era imprescindible dotar de una verdadera independencia al Ministerio Público, por su vinculación con el Poder Ejecutivo, que designa al Procurador General de la República y la mitad de sus Procuradores.
Los movimientos de contrarreformas vienen con el cuco de que el Código Procesal Penal es el responsable de la violencia y la impunidad. Pero, muchos ajustes pedidos tienen que ver con las deficiencias en la investigación penal y el fracaso de las políticas de seguridad y justicia.
Pero, el mayor problema es la falta de autonomía del Procurador General de la República, de muchos fiscales y fiscalías. Para enfrentar, pues, los retos de la gran criminalidad y corrupción es preciso reconstruir al Ministerio Público, condición básica para que funcione plenamente el sistema acusatorio y tengamos un órgano investigador y acusador que responda a los retos que enfrenta la República Dominicana.