El director de Presupuesto, Luis Reyes, ha ofrecido explicaciones sobre el monto de 66,131 millones de pesos de deuda pública por pagar, y que han sido incluidos en el Presupuesto y Ley de Gastos Públicos del 2019.

Resulta muy extraño que como parte de ese monto se incluyan 19 mil millones de pesos del sector eléctrico, y que corresponden a una negociación que se realizó en el 2015 con un “pool de bancos”, y sobre la cual se pone una partida en el 2016 “para el pago de la deuda que en ese entonces alcanzaba los 800 millones de dólares”.

Ese monto se imputó al déficit del 2015 y no tiene efecto, excepto a fines de que el gobierno disminuya ese pasivo. Es decir, el gobierno está haciendo rejuegos y manejos presupuestarios, como maquillaje para ofrecer una situación aparentemente holgada del manejo presupuestario, cuando en realidad no es así.

El diputado Winston Arnaud, como mucha razón, ha solicitado información detallada de los contratos y compromisos contraídos por el gobierno relacionados con el monto de los 66,131 millones de pesos. Pese a lo dudoso de lo que han dicho hasta ahora, faltan por explicar 21 mil millones de pesos, que no se conoce cómo fue que se contrajeron como deuda ni dónde fueron colocados. Si hubo obras construidas con esos fondos, ¿dónde están?

La otra cuestión es la siguiente: Ya sabemos que hubo una deuda del sector eléctrico de 800 millones de dólares contraida en el 2015 y negociada con unos cuantos bancos, pero y las deudas de 350 millones de dólares con el sector eléctrico el año pasado, de la que poco se habla, o la deuda 800 millones de dólares de este año, de lo que tampoco se habla.

De acuerdo con los datos disponibles, aportados por grupos empresariales del área energética, el gobierno este año lleva por lo menos seis meses sin pagar a los generadores eléctricos, y está destinando los fondos para desembolsar a los constructores de Punta Catalina.

El compromiso del gobierno con Punta Catalina ha excedido todas las previsiones presupuestarias, y la inversión este año está por encima de lo programado por más de 15 mil millones de pesos. Adicionalmente, lo más grave es la escasa transparencia con que el gobierno está manejando los desembolsos y las deudas. Temprano o tarde, algún día tendrán que informar qué hicieron con tanto dinero.