La administración y operación del sistema eléctrico dominicano sigue un criterio complejo y que privilegia a unos y desincentiva a otros.
El sistema eléctrico oficial premia a las plantas más eficientes, colocándolas por delante en la lista de méritos.
Esto significa que la energía demandada por el sistema se suministra primero de las plantas menos costosas.
Sobra decir que la fórmula de cálculo del costo marginal de despacho es muy importante para que esa lista de mérito sea justa, acogida a la lógica de la ley.
Además, para un sistema eléctrico como el dominicano, esa lógica es fundamental por que manda una señal clarísima a potenciales inversionistas que quieran venir a invertir en el país.
El criterio para el cálculo del costo marginal de despacho es muy sencillo.
Con el costo total del combustible puesto en la planta y la eficiencia de la misma, puede llegar a calcularse el mismo, mediante fórmulas claras y sencillas.
Hasta hace unas semanas nunca cupo ninguna duda de como se realizaba dicho cálculo, pues es básico, casi de educación primaria.
Hemos podido saber gracias a que han circulado las actas de las últimas reuniones del Consejo del Organismo Coordinador del sistema Eléctrico que este criterio sencillo, fácilmente entendible, podría ser cambiado para reducir artificialmente su costo total de combustible puesto en planta, asegurarse el despacho y poder obtener jugosos contratos firmados con la CDEEE al final del pasado gobierno.
Esperamos que el regulador del sistema, la Super Intendencia de Electricidad (SIE), tome partido de manera justa, protegiendo en interés de los dominicanos en tener un sistema eléctrico que cumple la ley con igualdad de trato para todos.
El gobierno tiene la oportunidad de hacer cumplir los principios de ese nuevo pacto eléctrico o declararlo muerto desde el nacimiento.
Confiamos en una adecuada toma de decisiones, independiente de los intereses particulares y dirigida hacia el bien común, que deje claro que en este país, por fin, todos somos iguales ante la ley.
Las reglas claras nos benefician a todos. Lo contrario automáticamente significaría un cambio normativo que expondría al Estado dominicano a cientos de millones de dólares de exposición en arbitrajes nacionales e internacionales, arruinando cualquier esfuerzo de hacer licitaciones competitivas para la compra de energía térmica y renovable. Se quedaría el pastel para repartirse entre los mismos de siempre, los que siempre se han beneficiado de un Estado complaciente y con falta de visión de futuro.
No es todos los días que un país tiene la oportunidad de mandar un mensaje tan claro y contundente a inversionistas que operan en el sistema hoy y a nuevos que quieran operar mañana. En este país las reglas son claras. Los que tengan plata y deseen pueden venir a invertir por que les aseguramos un marco regulatorio y jurídico transparente, flexible en su diseño pero implacable en su cumplimiento. Invitamos al regulador a cumplir su papel con independencia y protegiendo siempre los intereses comunes de los dominicanos.