El presidente de la República, Leonel Fernández, acaba de promulgar la pasada semana la Ley No. 135-11, sobre VIH-SIDA, que sustituye la anterior ley 55 que había sido aprobada en 1993. Han pasado 18 años desde la primera legislación sobre el tema del VIH-SIDA, y es mucho el progreso que el mundo ha tenido en el combate a la epidemia así como muchos los reconocimientos de los derechos que estaban siendo afectados de las personas que conviven con la enfermedad.
El país ha dado un gran paso con la aprobación de la nueva legislación. Nos hemos colocado en una posición de avanzada en el contexto regional y mundial, en cuanto al reconocimiento de derechos, la no discriminación y la búsqueda de políticas públicas, dentro del ámbito de la salud, para reparar los daños en discriminación y marginación de las personas que conviven con el VIH-SIDA.
Lo que dice la nueva ley, en su artículo primero, es que su objeto es “crear un marco jurídico que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con el VIH o con SIDA, consagrados en la Constitución de la República Dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones, los acuerdos internacionales y las leyes, mediante acciones de carácter integral, intersectorial e interdisciplinario”.
También establece que las disposiciones de la ley son para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Ese es uno de los problemas fundamentales que confrontan las personas afectadas, en especial para conseguir trabajo o para tener acceso a determinados servicios.
“Las disposiciones de esta ley deben ser aplicadas por toda persona física o moral dentro de la jurisdicción de la República Dominicana, sin discriminación alguna, por razones de raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional, étnico o social, posición económica, condición de salud, discapacidad, orientación o conducta sexual, identidad sexual y de género o por cualquier otra condición”. Eso dice la nueva ley.
El Consejo Presidencial del SIDA es la entidad responsable de que la ley sea realidad, y eso es ya de por si promisorio. La ley establece muy claramente un protocolo de atención, define los valores, el estigma, el uso y manejo del material biológico, la mesa de donantes, la estrategia nacional para la prevención, el Plan Estratégico Nacional así como el Programa Nacional de Atención Integral para las personas afectadas por el VIH-SIDA.
Valoramos en toda su dimensión la elaboración y aprobación de esta ley, así como su promulgación por parte del presidente de la República. Es un gran paso de avance en la lucha contra el virus del SIDA y en el reconocimiento de los derechos de las personas convivientes con el VIH-SIDA.
ACENTO, en nuestra sección de documentos, ha publicado la nueva ley y la anterior, para que quienes deseen comparar, buscar los avances, puedan hacerlo. Saludamos esta iniciativa y de paso congratulamos al Consejo Presidencial del SIDA por la valentía de impulsarla, tomando en cuenta las muchas presiones religiosas que aún persisten sobre el tema del uso de los condones, que aquí queda definitivamente zanjado. Enhorabuena.