El informe de 143 páginas dado a conocer por Acción para la Educación Básica (EDUCA), la pasada semana, tiene mucha información valiosa que bien pudiera servir para mejorar el desempeño educativo, en caso de que las autoridades lo tomaran como punto de referencia amigable, y no como una denuncia.
Es un estudio imparcial, redactado con claridad y disponiendo de datos oficiales, que ayuda mucho a entender cuánto ha sido posible aprovechar la asignación del 4% del PIB para la educación. “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana. Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4%”, es el título del documento.
Al penetrar en los datos y detalles ofrecidos, sugerimos revisar la parte de gasto en personal docente y no docente. Es un tremendo filón que debe ser observado, pues allí nos enteramos de cómo la política influye en los asuntos económicos vitales, como es la forma de invertir el 4% del PIB para la educación.
En 2015 el personal empleado por el Ministerio de Educación era de 159,946 personas. Esto representa un incremento de un 41% en relación a los empleados en diciembre del 2011. Asimismo, el promedio de pago mensual a estas personas pasó de 19,505 pesos en diciembre del 2011 a 25,257 pesos en 2015.
La Tesorería de la Seguridad Social tiene registrada una cantidad de personas superior desde el Ministerio de Educación, en el 2015. Es la institución del país con mayor número de cotizantes a la seguridad social con 172,415. Esto aumento es un 14% más que los registrados en el 2014.
El informe de EDUCA dice que en el período de Danilo Medina (2012-2014) la política de gestión de recursos humanos se caracterizó por una expansión de la cantidad de docentes y una mejora sustantiva en las condiciones salariales. Entre diciembre del 2011 y agosto del 2015 el número de maestros aumentó en 18,041, pese a que la matrícula estudiantil se mantuvo inalterable, lo que provocó que el sistema educativo pasara de contar con un maestro por cada 30 estudiantes a un maestro por cada 24 estudiantes.
Pero ¿cuál ha sido el problema? Que el personal administrativo, no docente, ha crecido más aceleradamente que el personal docente. En apenas tres años y ocho meses el personal administrativo creció un 78%. Es decir mientras fueron designados 18,041 maestros entre el 2011 y el 2015, para el mismo período se designaron 33,307 empleados administrativos.
El contrato del personal no docente no se justifica. Es lo que reconoce el informe de EDUCA. Se trata de personas que fueron contratadas temporalmente. “En términos de eficiencia se observa una degradación de la calidad del gasto”, con estas contrataciones.
Por ejemplo, el caso de los conserjes contratados vs los conserjes que hacen falta, llama la atención. El sistema educativo necesita 16,571 conserjes para atender 7278 centros educativos, con 43,920 aulas. Sin embargo, en enero del 2015 había en nómina 30,891 conserjes. Casi un conserje por aula. Esto es un exceso.
En la provincia Espaillat, que tiene como municipio cabecera a Moca, el pueblo del que es el anterior ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, fueron contratadas 938 personas como conserjes. Esto elevó en 243% el número de conserjes entre el 2011 y el 2015. Un hijo del señor ministro se postuló exitosamente como candidato a diputado en esa provincia. El informe de EDUCA dice que si se ajusta al número que corresponde habría que prescindir por lo menos de 14,312 conserjes, lo que liberaría la nómina de educación de un gasto de 1,403 millones de pesos anualmente.
Hay muchos otros ejemplos que pudieran alimentar la idea de que es posible invertir mejor el presupuesto de educación, con el 4% del PIB, para mejorar la calidad y optimizar tanto como sea posible esa inversión. El informe de EDUCA lo dice con mucha claridad en su página 60:
“En diciembre de 2015, el sistema educativo dominicano requería de 145,229 empleados, no obstante, el personal contratado a la fecha ascendía a 172,385, para una diferencia de 27,152 empleados, es decir, un 18.7% por encima de lo requerido. El análisis sugiere que, de continuar con esta tendencia, el sistema corre el riesgo de concentrar casi la totalidad de sus recursos en el pago de salarios, amenazando así su sustentabilidad”.
Más que describir el drama ineficiente de la gestión en educación, este estudio de EDUCA es la evidencia documentada de la carencia de institucionalidad y respeto a una especie de pacto social por la inversión en educación, apoyado por el conjunto de la sociedad dominicana, incluyendo a los funcionarios del gobierno, en nombre de quienes estampó su firma el presidente de la República, Danilo Medina.