Marcha Verde es un conglomerado de organizaciones y ciudadanos que tienen dos años exigiendo detener la corrupción y la impunidad en la administración pública.
La admisión de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht a funcionarios del gobierno dominicano fue el detonando. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo la revelación en diciembre de 2016. En el caso dominicano la empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos. Luego el Ministerio Público hizo cálculos de que serían más de 125 millones de dólares.
En enero de 2017 se hizo la primera gran manifestación de Marcha Verde. Se espera que asistieran 5 mil o seis mil personas y acudieron más de 70 mil personas. Fue el despertar. Y también fue el inicio del empoderamiento de la sociedad en un tema muy específico: La corrupción y la impunidad.
Durante el 2017 siguiendo revelándose datos de nuevos casos de corrupción en la administración pública. Hubo previamente las revelaciones de los robos y extorsiones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, y en un baño de esa entidad de la presidencia de la República se produjo el suicidio de un arquitecto, David Rodríguez Guzmán, con denuncias muy dramáticas describiendo la forma en que fue llevado al extremo de quitarse la vida.
Luego se dieron a conocer casos de corrupción mayor con las propiedades del Estado en las empresas administradas por CORDE, y el presidente de la República debió clausurar mediante decreto esas empresas. Ahora se conoce uno de los procesos judiciales que involucra un aspecto de la corrupción en esa entidad que administró el conjunto de las empresas y monopolios de la familia Trujillo, a la caída de la dictadura: La venta de un barrio llamado Los Tres Brazos.
También se produjo una tragedia con los negocios de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar, y tres personas murieron violentamente, incluyendo dos locutores de San Pedro de Macorís. Esos negocios no se han detenido, pero tampoco han sido investigado lo suficiente como para determinar quiénes son los que se han enriquecido con las tierras del CEA, cedidas o entregadas a precios irrisorios.
Luego se destaparon casos de enriquecimiento ilícitos como el del ingeniero Diandino Peña, secretario de Estado y director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de la construcción y administración del Metro de Santo Domingo. Tampoco fue investigado, pese a la contundencia de los papales y negocios y testaferratos incluidos en las operaciones del señor Diandino Peña. O los negocios del asesor de campañas electorales del presidente Danilo Medina, el brasileño Joao Santana, que no se ha investigado y que ni el Ministerio Público ni la Cámara de Diputados, y menos la Cámara de Cuentas, se han dignado proceder con una investigación respecto de estos negocios. Ocho veces se ha intentado que la Cámara de Diputados designe una comisión, y ocho veces la mayoría de los diputados se han negado a designar siquiera una comisión.
Como las instituciones públicas sirven de poco, hace falta que las personas se vuelvan a empoderar y salgan de nuevo a reclamar el cese de la impunidad del modo en que lo ha hecho, y seguirá haciéndolo Marcha Verde. Estas marchas son caminatas ordenadas, organizadas, con horarios y rutas bien definidas, coordinadas con las autoridades policiales. Las familias acuden unidas a estos encuentros, que además incluyen actividades artísticas, y son una forma de desahogo y hasta de distensión ante la falta de acción de las autoridades responsables de perseguir el crimen contra los recursos públicos.
La Marcha del Millón, como está denominada, será este domingo a partir de las 9 de la mañana, en la avenida 27 de Febrero con Tiradentes o Alma Máter, y hará un recorrido que concluirá en el Centro de los Héroes, frente al edificio que ocupan la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República.
Es una forma de ser ciudadanos responsables, y cumplir con el deber de proteger lo que corresponde al conjunto de la sociedad, que se desvía y se coloca al servicio de algunos funcionarios públicos y otros aprovechados. Hay que marchar, para que las autoridades se empeñen más responsablemente en cumplir con su deber.