Satisface que el gobierno haya respondido, por medio del Ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, a la protesta formulada por un grupo de periodistas que entiende se está limitando el derecho a la información y al libre ejercicio del periodismo por las presiones que realizan diversas instancias del gobierno.

Es cierto que se trata de una respuesta retórica y que evitar enfocar el fondo de la cuestión planteada por los periodistas. Pina Toribio ha dicho que el gobierno garantiza el libre ejercicio de la libertad de expresión.

“El gobierno ha sido respetuoso del derecho de los ciudadanos a ejercer las acciones legales que estimen conveniente cuando se han sentido lesionados u ofendidos por alguna publicación, periodística o no, dejando que el asunto se resuelva conforme a los procedimientos organizados y sujetos a la decisión de los órganos jurisdiccionales encargados de decidir sobre su legalidad y pertinencia”.

Sin embargo, aparte de otras muchas señales, la cuestión es si el Ministro sin Cartera y Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, es un ciudadano común con pleno ejercicio de sus derechos, o un miembro del gobierno y del Comité Político del PLD, que tiene 70 meses sin pagar su factura de energía eléctrica, y al ser denunciado presiona a los anunciantes del programa que hizo la denuncia para que respondan judicialmente por el trabajo de la periodista Nuria Piera.

El gobierno está en el deber de defender el derecho de los medios de comunicación, de acuerdo con las leyes, al ejercicio de la información. Y un funcionario como Gutiérrez Félix lo está limitando. La misma presión ilegal e ilegítima la ejerció el ex director del INDRHI, Héctor Rodríguez Pimentel, para detener las denuncias del programa El Informe, de Alicia Ortega.

César Pina Toribio no habló de estos temas. Y él como abogado sabe que es ilegal hacer responsable a un anunciante de un programa de lo que se incluya en su contenido por el simple hecho de promocionar sus productos o servicios.

El gobierno debe ser el principal garante de la libertad de expresión. Y los casos que se mencionan soy muy concretos. Se habla de presiones a ejecutivos y propietarios de medios, de campañas denigrantes contra comunicadores críticos, con auspicios de espacios gubernamentales, y nadie ha desmentido que el presidente de la República le pidió a Euclides Gutiérrez Félix que se defendiera con todas las armas que tuviera, porque él es una figura emblemática del PLD, pero que tiene 70 meses que no paga la luz.

La respuesta del gobierno dice que Leonel Fernández ha auspiciado la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que tiene un cumplimiento pobrísimo y medalaganario. Que el gobierno ordenó la redacción de un código de la comunicación y otros argumentos del mismo tipo.

Hay que respetar que esa sea la respuesta. Significa decir que el gobierno tiene poco que decir sobre la denuncia formulada por el grupo de periodistas. Los planteamientos de los comunicadores son muy específicos. Por ejemplo dicen lo siguiente:

“Altos funcionarios, encabezados por el director de prensa del gobierno,  y dirigentes políticos, se han empeñado en estigmatizar la disensión y las denuncias de malversación y corrupción, argumentando que se trata de un “plan mediático”, intimidando a profesionales, directores y propietarios de medios de comunicación”.

Y dicen, sobre las agresiones de Gutiérrez Félix: “Con el agravante de que el señor Euclides Gutiérrez Félix emprende una campaña de infamias y agresiones verbales contra numerosos medios y comunicadores, mientras sostiene públicamente que el presidente de la República lo exhortó a defenderse con todos los recursos disponibles”.

El tema es complejo y requiere de una reflexión más serena por parte de las autoridades. El presidente Leonel Fernández ha sido respetuoso siempre del ejercicio de los medios de comunicación, y no puede asumir responsabilidad por lo que hagan funcionarios de su gobierno. Sin embargo, no puede desprenderse de la responsabilidad que le toca cuando casos de intolerancia van sumándose y el gobierno, ni él como entendedor del tema, no se sienten aludidos, y en cambio promueven que personajes desaprensivos actúen tratando de destruir derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión.

Los periodistas particulares han tenido que salir a reclamar un clima de más tolerancia. Esa es la verdad. Las empresas periodísticas deben pedirlo también. Las empresas de medios son víctimas también. La libertad de expresión debe ser defendida en cualquier circunstancia, y cuando el espacio comienza a cerrarse inicia con signos de intolerancia que ya hemos visto en el país en los últimos meses.

Un grupo de ciudadanos vestidos de amarillo no pudieron entrar al acto inaugural de la Feria Internacional del Libro, en mayo pasado, porque los agentes policiales entendían que vestir de amarillo ofendía al presidente de la República. Varios reporteros han sido impedidos de entrar a actividades encabezadas por el presidente por llevar letreros amarillos alusivos a la campaña del 4%. Es lo que acaba de ocurrir el martes, en Santiago, en la inauguración del edificio de La Universal de Seguros, en donde no pudo entrar el periodista de Acento, Máximo Laureano, porque los agentes le pidieron quitar el letrero del 4% del bolso de su cámara.

El fin de semana en Ocoa, donde estuvo el presidente, el doctor Demetrio Wazar Gómez fue golpeado y apresado por llevar un letrero que decía “Sr. Presidente en Ocoa no todos somos tontos”. Fue apresado, golpeado, casi lanzado desde un vehículo en marcha, en violación al libre ejercicio de la disensión, sin violencia y sin ofender a la figura del presidente. Hay muchos casos más. La libertad de prensa, de expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio, es una responsabilidad de todos. En democracia corresponde al gobierno garantizar ese ejercicio, y corresponde a todos los medios demandar su cumplimiento.

Satisface que el gobierno haya hablado del documento de los periodistas, pero la respuesta ha quedado corta, porque no toca las cuestiones centrales planteadas por los periodistas.