El debate sobre la Junta Central Electoral que debía designar el Senado fue muy largo y tenso. El presidente de la República designó al Consejo Económico y Social de gestionar un consenso. Agripino Núñez Collado fracasó, lamentablemente, en ese propósito.
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana designó también una comisión encabezada por Leonel Fernández, para buscar algún tipo de consenso en torno a varios propuestos para integrar la JCE. También fracasó.
El Senado de la República designó un comisión, encabezada por Dionis Sánchez, para evaluar los candidatos a la JCE, y este organismo hizo un amplio trabajo que sirvió de poco. El presidente designado en la JCE por el Senado no pasó por el cedazo de la comisión senatorial.
La oposición, integrada por doce partidos políticos y encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, fue a la mesa de concertación, se retiró, quiso que se hiciese un perfil de quiénes podrían ser parte de la JCE, y no le fue posible. Dos de sus tres senadores se retiraron de la sesión que aprobó a los cinco miembros titulares y a los cinco suplentes.
La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, integrada por varias docenas de organizaciones empresariales, de la sociedad civil y No Gubernamentales, elaboró un perfil y descartó que se escogiera a miembros de partidos políticos. Por lo menos dos de los titulares, Henry Mejía y Rosario Graciano, son miembros de partidos políticos, y los cinco suplentes son igualmente personas comprometidas con un partido político.
Dos funcionarios del gobierno, Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta, estuvieron de acuerdo en que no se designara a personas comprometidas políticamente en la JCE. Ese criterio fracasó, porque de los 10 designados hay por lo menos siete que tienen compromisos políticos firmes con las decisiones de un partido y de un Comité Político.
Al final, el Senado optó por la vía rápida. No más dilación en el tema, y aplicó la aplanadora con la mayoría de 27 senadores que tiene, y escogió a la JCE que entendió plausible. El presidente de la JCE que fue designado, Julio César Castaños Guzmán, no tiene compromisos políticos conocidos. Tampoco lo tienen Roberto Saladín y Carmen Imbert Brugal. Simpatías podrían tener, pero ninguno de ellos responde, como sí lo hacían miembros titulares de la pasada JCE, los designios de un organismo político partidario.
Un dato incontrovertible si está claro: Los cinco titulares designados, tres hombres y dos mujeres, pertenecen a un sector ultraconservador de la sociedad dominicana. Es su derecho a ser lo que ideológicamente deseen. Y en ese sentido, el Senado de la República parece haber leído los signos de los tiempos en la política internacional. Ya veremos lo que nos depara esta JCE con el registro civil y muchos otros temas de importancia, que han colocado al país en una situación crítica en el pasado reciente.