El 6 de junio de este año el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para presentar sus acusaciones contra las 14 personas imputadas como receptoras de sobornos de la empresa Odebrecht, que en el caso de la República Dominicana fue calculado en 92 millones de dólares.
Los países que han tenido procesos parecidos, como Panamá, Perú, Colombia, México y el propio Brasil, han avanzado en sus indagaciones, y los fiscales a cargo han realizado interrogatorios a los señalados como responsables de los negocios ilícitos, y en el caso de los fiscales de Perú, lograron interrogar en la cárcel de Curitiba, Brasil, al ex presidente de la empresa, señor Marcelo Odebrecht, por vía del acuerdo de colaboración con la justicia que este firmó con las autoridades de Brasil.
Llama la atención, por ejemplo, cuanto ha avanzado Perú en sus indagaciones. Además de reunir datos sobre el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, quienes guardan prisión, también obtuvieron información sobre el ex presidente Alejandro Toledo, quien salió huyendo de su país y se refugió en los Estados Unidos. Ahora los fiscales independientes de Perú indagan los datos relacionados con los sobornos supuestamente recibidos por el ex presidente Alán García y por la candidata presidencial Keiko Fujimori. En el caso de Perú los fiscales han cumplido con su labor y no han dejado preguntas sin hacer ni gestiones por realizar.
El Colombia ha ocurrido algo parecido, con las gestiones de los fiscales. El presidente Juan Manuel Santos admitió haber recibido dinero para su campaña reeleccionista, pero dijo que desconocía la procedencia de los fondos, estimados en aproximadamente un millón de dólares. En la última semana el senador Armando Benedetti, investigado por las autoridades se ha encargado de revelar datos de sobornos que implican hasta a su jefe político, Juan Manuel Santos, y a otros políticos colombianos, lo que representa una novedad en particular por la virulencia de los ataques y las revelaciones, bajo el criterio que la mejor forma de defenderse es atacando.
De la investigación del Ministerio Público dominicano no se sabe nada. No hay datos de nuevos interrogatorios o de indagatorias que hagan evidente que los fiscales investigadores avanzan o muestran nuevas rutas en sus pesquisas. En el caso dominicano, que involucra la más alta de las sumas abortadas en sobornos, 92 millones de dólares, solo superados por Venezuela con 98 millones, no se sabe nada. Ni siquiera los abogados de las personas involucradas han recibido información sobre la marcha del proceso.
El silencio del Ministerio Público indica una de dos cosas: Que las investigaciones no reflejan nada nuevo de lo que ya se presentó para justificar las medidas de coerción que se presentaron, o que las autoridades no están interesadas en escarbar sobre nuevos nombres ni incluir a más nadie en ese proceso, porque cualquier cosa que hagan afectaría especialmente a los funcionarios gubernamentales que más contratos firmaron con Odebrecht, y que no han sido incluidos en la investigación de la Procuraduría General de la República.
Da la impresión de que el Ministerio Público tiene poco interés en profundizar las investigaciones del caso Odebrecht. El otro dato es que ni Laura Guerrero Pelletier ni el Procurador General de la República han anunciado la decisión sobre la querella presentada por cinco organizaciones de la sociedad civil sobre el financiamiento ilegal de las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana, algo que ha sido admitido por varios dirigentes del PLD, incluso ante los propios fiscales.
El 6 de enero del 2018 es la fecha límite de la Procuraduría General de la República para presentar las acusaciones formales contra las personas implicadas. No se conoce si habrá rectificaciones en la lista de encartados o si habrá incorporaciones de nuevos imputados, como una vez prometió que lo habría el propio Jean Alain Rodríguez.
Habrá que esperar, y por supuesto el deseo nuestro es que los fiscales nos sorprendan con una sólida acusación que resulte incuestionable, porque las pruebas sean contundentes, y que nadie tenga que recordar las palabras de la magistrada Miriam Germán sobre el instrumento acusatorio para solicitar las medidas de coerción contra las sospechosos ya conocidos.