Ya sabemos, por la propia confesión de la Procuraduría General de la República, que las indagatorias realizadas en torno a la admisión de sobornos por 92 millones de dólares de la empresa Odebrecht, se han descubierto relaciones con cientos de cuentas que no habían sido detectadas previamente. Lo que ha dicho el pasado domingo el Ministerio Público es lo siguiente:
“el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos”.
Esto quiere decir, según lo revelado por la Procuraduría General de la República, que el año de investigación del caso ha dado algún resultado. No lo sabemos todavía, salvo los datos que han surgido relacionados con las cuentas bancarias y las vinculaciones que tendrían los periodistas Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo.
El Ministerio Público ha sido parco en las informaciones y en las actuaciones. No se sabe de allanamientos, de pesquisas, de interrogatorios o de medidas judiciales solicitadas por los fiscales para ahondar en sus investigaciones. Alcántara y Martínez Poco revelaron que llevan meses siendo molestados por los fiscales con este asunto, y lo asumieron como algo para coartarle en sus críticas sobre la forma de llevar el caso por parte de la Procuraduría General de la República.
La Procuraduría dice que su trabajo no se ha detenido y que ha encontrado muchos datos. Tal vez la empresa Odebrecht ha debido cumplir con sus compromisos, y entregado información. Tal vez la parte financiera no es la única línea de investigación de los fiscales.
Revisando el documento del pasado domingo de la Procuraduría General de la República nos encontramos con esta explicación, que nos resulta sumamente positiva para que podamos tener un caso firme de persecución y condena:
“En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”. Hasta ahora, si esas entrevistas se han realizado, han sido bien secretas y la confidencialidad se ha mantenido.
El caso dominicano ha sido bien distinto de las investigaciones y persecución por la admisión de Odebrecht de soborno en otros países. Tuvimos debate y un espectáculo con las solicitudes de medidas de coerción, pero luego descendió la atención y el Ministerio Público ha logrado un silencio casi completo sobre el caso.
El seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil, más algunos artículos periodísticos, y la atención de Marcha Verde mantienen presente el caso en la opinión pública. Los fiscales trabajan muy sigilosamente. Lo que no entendemos es cómo brotó el caso de los periodistas, pues fueron ellos mismos quienes revelaron que estaban siendo investigados. Las autoridades debieron dar los datos, pero apenas se ocuparon de confirmar en parte lo que dijeron Alcántara y Martínez Pozo.
La Procuraduría General de la República ha dicho que seguirá investigando. Y estamos camino a concluir los últimos 4 meses que le otorgó el juez de la instrucción especial, Francisco Ortega Polanco, para presentar la acusación formal contra los imputados. Antes de eso, ¿pedirá o no medidas de coerción contra los periodistas bajo investigación? Tendrá que ofrecer más datos del caso.
Y volviendo al documento del domingo, la PGR dijo lo siguiente:
“El único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar que la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, sin importar su estatus social, filiación política o profesión. En este caso ni en ningún otro habrá impunidad. La ley es igual para todos; especialmente en este episodio que concentra la atención de todos los dominicanos”. Que así sea.