El ex presidente Leonel Fernández tomó la iniciativa de dialogar con representantes de la Iglesia Católica, los presidentes de las cámaras legislativas, un abogado y político de la Fuerza Nacional Progresista, y él mismo, en Funglode, junto al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, para buscar una fórmula que posibilite la aprobación del Código Penal de manera consensuada.
Tal vez son buenas las intenciones del ex presidente Fernández, y hasta es probable que cuente con la aprobación del presidente Danilo Medina para auspiciar ese diálogo. Sin embargo, resulta algo forzado, en este momento, que se intente conseguir un consenso en un asunto dogmático para la Iglesia Católica, en que ellos han puestos todo su empeño en torcer la voluntad de la sociedad, de los partidos, del Congreso Nacional y hasta del Poder Ejecutivo.
Lo que la Iglesia Católica desea instaurar con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo es irracional e ilógico, en un Estado democrático como el nuestro. Las mujeres se mueren por la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.
A la reunión de Leonel Fernández asistieron el obispo de Baní, recién designado por el papa Francisco, Monseñor Víctor Masalles Pére, el abogado y político derechista Marino Vinicio Castillo, el propio Leonel Fernández, además de Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, y Flavio Darío Espinal, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Los razonamientos jurídicos y morales expresados por el presidente de la República, Danilo Medina en su carta enviada a Reinaldo Pared, sugiriendo modificar el Código Penal en los artículos 107 y 110, los representantes de la Iglesia Católica los califican de “asuntos políticos”.
No es válido que se actúe de ese modo, tan desleal y desconsiderado, frente a un documento que contiene razones más que suficientes para que el presidente devuelva, por segunda ocasión el Código Penal sin promulgar, y que desde ya los que se niegan a considerar los derechos de las mujeres estén anunciando que acudirán al Tribunal Constitucional a rechazar la pieza, en caso de que los legisladores acojan las sugerencias del presidente Medina.
Leonel Fernández puede desear un diálogo sobre este tema, pero para los radicales representantes del sector religioso no desean el diálogo, ni son democráticos en estos asuntos: Quieren imponer, como lo han hecho durante mucho tiempo, su criterio de prohibición absoluta de cualquier interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de que haya una malformación congénita, que la vida de la madre esté en peligro o que el embarazo sea el resultado de una violación sexual.
En la República Dominicana no se estaría permitiendo el aborto. Se estaría manteniendo la ilegalidad de la interrupción del embarazo, salvo tres situaciones excepcionales. Es como lo ha dicho el presidente de la República. Y en estos temas no hay posibilidad de medias tintas, ni de negociaciones.
En el país se producen más de 100 mil abortos ilegales por año. Desde 1992, cuando se hizo un estudio por parte del Instituto Guttmacher, se tienen esos datos. Hay quienes sospechan que probablemente hemos llegado a los 200 mil abortos por año, pese a la prohibición, y nadie nunca ha sido condenado por la práctica de los abortos ilegales, inseguros y en las más precarias y dramáticas condiciones. Y cientos o miles de mujeres mueren en manos de carniceros que se hacen llamar médicos, y que aprovechan la circunstancia de la ilegalidad para hacer fortuna.
Mucha gente sabe esto, y lo saben especialmente los que se oponen a la justa propuesta del presidente Danilo Medina. Y la pregunta no tiene respuesta: ¿Qué hacen o han hecho los que se oponen a las tres eximentes propuestas por el presidente Medina para evitar estos abortos ilegales? No se tiene constancia de que hayan hecho nada.
Y aún así quieren mantener la prohibición absoluta. Y ahora tildan de políticas las consideraciones del presidente de la República. Los presidente del Senado y la Cámara de Diputados han debido convencerse, en estas dos reuniones a las que han asistido, de la certeza de la observación hecha al Código Penal por el presidente Medina.
Y tal vez Leonel Fernández también.