Las propuestas presentadas por la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana, son plausibles y merecen el apoyo conjunto de la sociedad y de quienes aspiran a una democracia más estable y legítima en el país.
No es la primera vez que grupos empresariales importantes, a veces con notables diferencias de criterios entre ellos mismos, se ponen de acuerdo en temas relacionados con la institucionalidad y la gobernabilidad dominicanas. Dos de esos momentos fueron el reclamo de inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el reclamo del 4% del PIB para la educación.
“Esta iniciativa surge con el objetivo de estimular a todos los actores políticos, estatales y sociales a que asuman el compromiso de dotar al país de una institucionalidad sólida que incremente la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas y sociales en sentido general”.
Con esta premisa, que inicia el documento dado a conocer este martes, la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana, deja claridad de los propósitos que persigue, que aunque son políticos, no se adhieren a ningún partido en particular ni responden a ninguna agenda programática de ningún líder.
En ese interés de fortalecer la democracia están de acuerdo, aunque sea de palabra, todos los líderes políticos dominicanos. Sin embargo, la conferencia de Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, estableció cuatro pilares importantes que deberán tomarse en cuenta para evitar otro colapso electoral como que se registró el 15 de mayo de este año.
Se espera que todos los actores políticos puedan estar de acuerdo, e impulsen en las instancias oficiales correspondientes, que se pondere y se acepte la propuesta de la nueva plataforma para que se pueda:
Propiciar la adopción de una nueva Ley de Partidos que garantice que estas agrupaciones asuman el mandato constitucional que les ordena establecer procesos institucionales transparentes y organizados, reglas para la selección de sus autoridades y los candidatos a posiciones electivas, respeto a la democracia interna y el debido proceso, la obligatoriedad de la formación política, ajustarse a sistemas de financiamiento públicos o privados que sean fiscalizados por los órganos competentes y crear mecanismos regulares de rendición de cuentas.
En segundo lugar, como se produjo la modificación de la Constitución de la República y se proclamó una nueva en enero del 2010, hace falta hacer algunos cambios significativos a la Ley Electoral 275-97, del año 1997. No hay razones para retrasar esos cambios, y ahora es el momento de que el Congreso Nacional y los actores políticos auspicien una reforma que brinde mayor legitimidad a los nuevos procesos electorales que tengamos. Por eso el documento propone:
Impulsar la aprobación de una Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara y garantice que los mismos sean organizados, transparentes, equitativos e inclusivos, regulando los tiempos de duración de las campañas, garantizando la equidad en la colocación de publicidad y estableciendo medidas para evitar el uso ilegal de los recursos del Estado por parte de las agrupaciones políticas y sus candidatos.
Otro compromiso es evitar la repartición a la que se han acostumbrado los partidos y líderes políticos dominicanos. Hemos sido testigos de lo que ha ocurrido con organismos institucionales que han caído bajo un control personal o un secuestro político por grupos con intereses particulares. Hay que evitar que eso vuelva a ocurrir, y es lo que reclama la Iniciativa que se ha lanzado:
Dar seguimiento permanente y acompañar el proceso de selección de los titulares de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral con la finalidad de garantizar la independencia de estos órganos y por tanto el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales.
Valoramos y felicitamos el ánimo de concertación y la preocupación expresada en el documento firmado por 12 de las más importantes organizaciones empresariales y sociales de la República Dominicana.
Las estimulamos a seguir adelante con estas propuestas.