Hace dos meses que el doctor Eddy Olivares Ortega, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), solicitó formalmente al pleno de ese organismo realizar una demanda a la empresa INDRA Sistema, de España, por haber defraudado con incumplimiento de contrato al Estado, y por colocar al país al borde de una situación caótica.
Ya se instaló el nuevo gobierno surgido de las elecciones del 15 de mayo de 2016, y el Senado se prepara para escoger a los miembros titulares de la JCE.
INDRA firmó un contrato por 30 millones de dólares con la JCE para suplir una tecnología que no funcionó en el escrutinio de los votos y el registro de las huellas dactilares de los votantes. Ese monto pudo subir hasta 40 millones de dólares, por ajustes adicionales, entrenamiento del personal y otras actividades.
El documento de Eddy Olivares es muy elocuente, y vale la pena recordar que ese caso sigue pendiente de una decisión de la JCE o del Ministerio Público, quienes tienen la obligación de velar por el buen uso de los recursos públicos.
Veamos las conclusiones de la extensa carta del pasado 27 de junio del doctor Eddy Olivares Ortega:
Conclusiones
Primero: Declarar que en lugar de una auditoría, como fue asumido por la presidencia, la PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. realizó, sencillamente, una revisión al software del sistema automatizado de escrutinio.
Segundo: Requerirle a la PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., la remisión de los datos estadísticos del trabajo de revisión del software del sistema automatizado de escrutinio, realizado en su condición de subcontratista de Indra Sistemas, S.A., la suplidora de la Junta Central Electoral, especialmente, en lo relativo a la casuística del llenado de la boleta para la interpretación electrónica del voto del elector.
Tercero: Ordenar a la Dirección de Informática darle cumplimiento, de inmediato, a la decisión tomada por el pleno, en su audiencia del 9 de junio del 2016, cumpliendo, en consecuencia, con la entrega de un informe integral en el que se expliquen las causas que motivaron las fallas del escrutinio, de la transmisión y del registro de electores.
Cuarto: Disponer la contratación de una firma independiente para auditar los dispositivos electrónicos, en razón de que contrario a lo que se afirmó, la PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. nunca auditó ni comprobó la condición en que se encontraba cada dispositivo al momento de ser recibido por la Junta Central Electoral.
Quinto: Ordenar la realización de una auditoría al software del sistema automatizado de escrutinio, al del sistema de transmisión y al del sistema de identificación de registro (capta huellas), de los cuales la PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. revisó, únicamente, el primero.
La petición de Eddy Olivares no ha perdido vigencia, y entendemos que su indignación sigue teniendo validez, porque los 40 millones de dólares que se desembolsaron a INDRA Sistemas eran patrimonio de la sociedad dominicana.
La indignación es justa. El dinero del país debe dolernos a todos y todas. Gastar una fortuna como esa, del modo en que se hizo, convertirla en una frustración y quedarse de brazos cruzados es una complicidad inaceptable. No podemos olvidar. Hay que recordar estos datos y no quedarse indiferente.
Por estas razones, estamos en el deber de mostrar nuestra indignación frente a la pretensión de las multinacionales asociadas, Indra Sistemas, S.A. y PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., de burlarse de la inteligencia del pueblo dominicano, con su insustancial revisión.
Estamos a tiempo para reclamar que este caso no quede envuelto en una nebulosa cómplice, sin ningún doliente del lado dominicano que reclame por el precario e inservible servicio que se prestó, colocando al país al borde de una crisis institucional de dimensiones desconocidas.
Que no se olvide la indignación y el reclamo de Eddy Olivares.