“La fiscal Luz Aurora Almonte notificó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, así como a la coordinadora de la Dirección de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho y al inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, lo relativo al acuerdo parcial que hizo la fiscalía de San Pedro de Macorís con la expareja de Anibel González”.
Así describía esta martes una nota de Diario Libre la forma en que la Procuraduría General de la República había evadido su responsabilidad con el caso de la tentativa de asesinado de la joven abogada Anibel González Ureña, quien nunca aceptó el acuerdo, pero nadie habla de la forma en que se obtuvo o se colocó en el documento la firma de la hoy asesinada. El Procurador y su equipo fueron indiferentes a los datos que evidenciaban el peligro que corría una mujer indefensa.
Pero hay más: La fiscal Luz Aurora Almonte, por su rechazo al indignante acuerdo que pondría en libertad al criminal, fue excluida del Departamento de Violencia de Género, y al parecer el traslado contó con la aprobación superior de la Procuraduría General de la República. Más que indiferencia, esto luce a complicidad.
Margarita Hernández, coordinadora de la Unidad de Violencia de San Pedro de Macorís del Ministerio Público, presentó el acuerdo para facilitar la libertad de Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien el 3 de diciembre del 2017 propinó 7 puñaladas a su ex esposa Anibel Gonzalez Ureña. Toda tentativa de homicidio se considera y se castiga como el homicidio mismo. Ese vergonzoso acuerdo facilitó la libertad que llevó a Fernández Estévez a asesinar a Anibel González Ureña el pasado 30 de agosto. El tribunal validó el acuerdo el 6 de febrero del 2018.
Resulta insólito que la Procuraduría General de la República haya creado una comisión para investigar este caso, si ahora se descubre que el Procurador General fue informado del acuerdo y no hizo nada para oponerse al mismo. Y más todavía: La persona designada por el procurador para hacer la investigación es nada más y nada menos que Bolívar Sánchez Veloz, quien también fue notificado por la fiscal Luz Aurora Almonte al momento en que se produjo el acuerdo, y sosteniendo que había que rechazarlo, y tampoco hizo nada. También fue notificada la Coordinadora de Violencia de Género de la PGR, Ana Andrea Villa Camacho, y la reacción que tuvo fue trasladar a la denunciante, que era la única que estaba cumpliendo cabalmente con su deber, y tratando de proteger a la víctima.
Cualquier resultado que presente la comisión de investigación designada por el Procurador General de la República, sobre la actuación de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, carece de relevancia, si ahora sabemos que quien designó esa comisión es parte del problema, y que quien la encabeza también es parte del mismo problema, al ser indirectamente los responsables de la muerte de Anibel Gonzalez Ureña, por asumir con indiferencia una negociación ilegal, dudosa e irresponsable, que ponía en peligro la vida de una mujer que ya había sido apuñalada por el hombre que las autoridades protegieron.
El 8 de noviembre de 2017 el procurador general, Jean Alain Rodriguez, encabezó a un grupo de instituciones estatales que lanzaron el Plan Nacional de Violencia de Género, con 22 medidas para disminuir los feminicidios y actos de violencia contra la mujer. Al anunciarlo Jean Alain Rodríguez dijo:
“Con este plan procuramos darle una respuesta efectiva a los lamentables hechos relacionados a la violencia de género que hoy nos afectan, pues es un proyecto en el que hemos puesto toda nuestra atención y empeño para lograr resultados favorables en la disminución de la violencia de género en el país”.
Pero no nos quedemos en ese plan, y volvamos la vista más atrás. El 3 de noviembre del 2016 el Procurador anunció un plan nacional contra la violencia de género. Y así se repite cada año con lo mismo, y anunciando planes que no sirven, no funcionan. Lo que dijo Jean Alain entonces fue lo siguiente: «nadie puede, ni debe, mirar para otro lado», porque «la indiferencia nos hace aliados a la violencia, y esta tarea nos incumbe a todos».
Ahí lo tienen, la indiferencia. Ese es nuestro pecado, y evidentemente el del Procurador General.