La impunidad existe y sigue imponiendo veredictos en diversos lugares, sustentada por sistemas judiciales comprometidos, que a su vez se sustentan en el apoyo político del Estado.

La impunidad es un reflejo de la debilidad democrática de una sociedad. En lugares donde está afianzada la democracia la impunidad resulta perseguida y condenada. Y si hay señales de impunidad se investiga a los responsables.

En la República Dominicana se debate si existe o no una crisis del sistema de justicia. La sociedad civil dice que existe, y que la credibilidad de los jueces -una virtud de la justicia- anda por el suelo. Los dirigentes del sistema judicial alegan que existe un momento de debilidad, pero que no existe tal crisis.

Sin entrar a debatir esa cuestión, de si existe o no crisis, lo que resulta más que evidente es que la justicia perdió la credibilidad, y que en la medida que pasan los días la pestilencia judicial es mayor. Se investiga a algunos responsables, siguen haciéndose denuncias, pero no se ve una decisión del Estado de ponerle fin a este cuadro de impunidad garantizada para políticos con poder y para jueces que a su vez saben mucho más de la corrupción interna que los mismos delincuentes que se han valido de la debilidad democrática para comprar sentencias.

A cualquiera se le condena en la República Dominicana, en nombre de la sociedad, por cualquier delito menor. Una decisión de un tribunal así puede hacerlo, pero no sabemos si alguien pagó para que esa condena ser produjera. Tampoco sabemos si al rechazar una acusación una juez o una jueza está actuando en base a la ley o por una coima recibida.

Por tanto, la credibilidad de la justicia -su mayor virtud- anda por el suelo.

La impunidad sin embargo, tiene debilidades y se muestran con frecuencia. Decisiones judiciales que benefician a políticos están ante los ojos del país. La Suprema Corte de Justicia puede alegar que no es imputable un funcionario, porque no hubo juicio de fondo, pero la sociedad en general lo tiene señalado como símbolo de la corrupción. Legalmente para la justicia dominicana no hay forma de llegar al fondo de un proceso, porque se niega a hacerlo, pero para algunos movimientos sociales la evidencia es más que abrumadora.

Es lo que ha ocurrido con el senador Félix Bautista. Liberado por la Suprema Corte de Justicia de ir a juicio de fondo, y por tanto libre de cualquier proceso penal, se ve nuevamente protagonizando una página de Transparencia Internacional, como un caso emblemático de corrupción. La página www.unmaskthecorrupt.org incluyó 15 casos mundiales de corrupción en el 2015, entre los que selección varios de América Latina y el Caribe, incluyendo la corrupción en Petrobras en Brasil, por más de 2 mil millones de dólares, y la corrupción del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, así como el caso liberado por la justicia dominicana al senador Félix Bautista.

Desde el lanzamiento de la página, el senador dominicano ha estado en primer lugar entre los 15 casos señalados por Transparencia Internacional. Somos un país con apenas 10 millones de habitantes, por ejemplo frente a Brasil que sobrepasa los 100 millones, es sintomático que siga el senador dominicano en primer lugar, y Brasil en segundo.

El simbolismo del caso es altamente nocivo para el caso del senador Félix Bautista, porque él será proclamado candidato a la reelección por San Juan de la Maguana, por el Partido de la Liberación Dominicana. Y en este momento, se podría pensar que las culpas no son solo del senador, sino del partido que lo sustenta, que tiene una dirección que insiste en que no hay condena contra su dirigente y secretario de organización. El PLD es portador del mensaje de que no hay condena legal, por tanto es inocente, y la sociedad civil insiste en que ha habido corrupción y por tanto le corresponde una sanción moral. Y por eso está incluido en una lista entre los corruptos más destacados del mundo. Lo que no es poca cosa.