Casi todas las familias y personas de apellido Rosario, de la zona del Cibao Central (Bonao, Cotuí, La Vega y San Francisco de Macorís) tienen la esperanza de que recibirán millones de dólares de parte de la empresa Barrick Pueblo Viejo o del Estado Dominicano, luego de que los tribunales comprueben que las tierras de Cotuí, donde se encuentra instalada la empresa minera, corresponden a sus ancestros, los Rosario Díaz, y que las tierras les fueron expropiadas ilegalmente.
Desde hace un tiempo se ha sembrado un entusiasmo muy agitado en familias de muy escasos recursos, que han ido aumentado en su creencia de que por ser apellido Rosario le correspondería una compensación que supuestamente sería de 10 mil millones de dólares, según declaró uno de los entusiastas en declaraciones a Acento, y que fuera publicado la pasada semana, bajo la firma de los periodistas Samuel Tapia y Juan Camilo Cortés.
Cientos de familias han recogido los documentos de sus ancestros y las actas de nacimiento de cuantos han podido encontrar con el apellido Rosario, y los han entregado a unos abogados que son los que han agitado y alimentado la falsa creencia de que las tierras de los Rosario Díaz, de La Vega, pertenecen a todos los que lleven ese apellido, y que la minera tiene que pagar.
No hay pruebas, ni existen documentos, y menos títulos de propiedad que comprueben tan versión, pero los abogados y sus seguidores insisten en solicitar compensación, en presentar querellas en los tribunales, en llevar a cientos de personas a protestar frente a las instalaciones de la empresa en Cotuí, y hasta de en hacer pasadías y convivencias de reclamos en la zona de Cotuí.
El entusiasmo ha llegado a las familias Rosario establecidas en el exterior. Dominicanos en Estados Unidos y otros países, donde han migrado durante muchos años, creen que es posible que sus ancestros tuvieran grandes extensiones de tierra y ellos jamás se enteraran. Y se animan a enviar dinero y a estimular una batalla legal que carece de fundamento.
Johnny Portorreal, el abogado que se ha puesto al servicio de los demandantes, ha presentado numerosas demandas, incluyendo una que solicita como compensación 2,500 millones de dólares, y su objetivo parece dirigido a presionar a la empresa minera y al Estado y conseguir algún tipo de acuerdo que les garantice ingresos apreciables.
El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que no hay tales derechos, y que tampoco existe documentación ni pruebas, y que la empresa minera no tiene nada que ver con esas demandas, porque el Estado Dominicano nacionalizó la mina de oro Rosario Dominicana, y que el nombre de Rosario tampoco tiene relación con el apellido de los supuestos propietarios de los terrenos, sino con una empresa anterior, establecida en Honduras, y que se trasladó al país a realizar la explotación del oro de Cotuí.
Esta historia de la propiedad de los terrenos no es nueva. Es muy fácil hacerle creer a la gente que es rico o que ha heredado fortuna, sin que esa riqueza tenga visos de realidad. Por eso también llega a tener éxito la estafa nigeriana que tantas veces ha invadido los correos electrónicos de las personas, con la historia de una herencia que le fue dejada.
El director de cine cubano Juan Carlos Tabío pudo describir perfectamente una historia parecida a la familia Rosario del Centro Central, en su película del 2008 El Cuerno de la Abundancia. El argumento es el siguiente:
En Yaragüey, un pequeño pueblo imaginario del interior de Cuba, los miembros de la familia Castiñeiras reciben la noticia de que recibirán una herencia millonaria. A partir de ese momento la vida de los Castiñeiras y de todo el pueblo se desestabiliza, en especial la de Bernardito y su esposa Marthica. Todos tienen que dedicarse a los trámites de reclamación a la vez que algunos se endeudan enloquecidamente. Se cree que también es basada en hechos reales, solo que el apellido real era Contreras, y el final real es el mismo que el de la película. Esperamos que los Rosario no tengan los traumas de la familia Castiñeiras.
Aquí un enlace a la película de Juan Carlos Tabío.
El Estado tiene la obligación de evitar que extorsionadores profesionales aprovechen situaciones como esta, entablen procesos judiciales enmarañados y perjudiquen los acuerdos ya establecidos por entidades oficiales, o por inversionistas extranjeros y generen incertidumbre. Pero lo más grave es que cientos de familias resulten estafadas, engañas e ilusionadas con una realidad falsa, absolutamente inexistente, con miras a generar ingresos por vías no convencionales. Aquí, como dice la canción, cualquiera se engaña.