Organizaciones populares, sindicales, con apoyo de partidos políticos de la oposición, han convocado para hoy lunes 11 de julio un paralización nacional de actividades en demanda de que el gobierno desista de aplicar el paquete de reformas fiscales recientemente promulgadas por el Poder Ejecutivo.

La demanda se sustenta en que la política económica del gobierno está creando más pobreza y afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad, a los que menos tienen, que ven encarecida cada día la canasta familiar y los servicios básicos, mientras el salario se mantiene igual, habiendo registrado solamente un ajuste de 17% al salario mínimo.

Algunos de los organizadores del paro están envalentonados y desafían a las autoridades, incluyendo a policías y militares. Dicen encontrarse en franca rebelión contra el gobierno, llaman a la desobediencia civil y piden a la gente salir el lunes a quemar neumáticos en las calles, aunque la policía les mate. “No les tenemos miedo”, es lo que dicen.

Organizaciones empresariales han pedido cautela sobre la naturaleza del paro. Las autoridades del gobierno han dicho que en vez de protestar, los convocantes y grupos populares lo que debían es felicitar al gobierno por el manejo de la economía. Es un criterio que incluso podría provocar más ira en quienes dicen que el pueblo tienen una soga al cuello.

La violencia, de ninguna naturaleza se justicia. Una vida de un ciudadano, por más pobre que este sea y por más desamparado que se encuentre, no debe perderse por una protesta popular o política.

Los representantes del movimiento huelgario han tocado las puertas de la presidencia y han pedido que el gobierno rectifique. Es un poco tarde para eso. La ley fue discutida y aprobada y promulgada. El Fondo Monetario Internacional es el organismo que supervisa el comportamiento de los indicadores económicos y sugiere medidas al gobierno. Existe un acuerdo stand by que deberá ser ratificado en las próximas semanas. El gobierno necesita que ese acuerdo se ratifique para obtener más dinero para financiar el presupuesto nacional de este año.

Pedir que se rectifique el paquetazo fiscal es pedir demasiado. Sugerir que los grupos populares feliciten al gobierno por el manejo de la economía es un cinismo que no le luce al vicepresidente Rafael Alburquerque. Ni una cosa ni la otra. El país no puede entrar en un período de violencia, ni de enfrentamientos entre policías y grupos populares. Eso crea inestabilidad, falta de confianza y algunas actividades importantes podrían resultar perjudicadas, como la actividad turística y la producción nacional.

Quien quiera protestar que lo haga, pero sin impedir el derecho de los demás a no protestar, reconociendo que cada quien tiene derecho a presentarse a su trabajo el lunes sin ser agredido, a conducir su carro de concho o guaguita voladora sin sin interrumpido en su labor.

El derecho a la protesta está garantizado, pero si quien protesta al mismo tiempo quema neumáticos, impide el tránsito, lanza piedras a la policía o arremete contra los autobuses, comete delito y debe ser reducido a la acción de la justicia. Eso es lo que manda la democracia.

Lo necesario ahora es la prudencia en los que sostienen ambas posiciones: que haya huelga o que no la haya. Cada quien tiene derecho a que se le respete en su pensamiento y acción, pero debe también respetar el derecho de los demás.