El gobierno del presidente Danilo Medina convocó a los distintos actores del sector eléctrico, quienes discutieron durante tormentosos meses un acuerdo al que la Estrategia Nacional de Desarrollo definió desde el 2012 como Pacto Eléctrico. Los firmantes habían sido convocados para hoy, jueves, en el Palacio Nacional, pero se informó en la tarde de este miércoles que la firma fue pospuesta para el próximo mes de enero de 2018.

La idea que pretenden el presidente de la República y su equipo es que ese pacto represente el consenso nacional en un área vital, fundamental para el desarrollo nacional. El Consejo Económico y Social, que preside Monseñor Agripino Núñez Collado, fue el responsable de conducir la búsqueda del consenso.

Había una agenda, que fue cubriéndose, pero que iba dejando fuera de debate los asuntos más controversiales. Por ejemplo, cómo reducir los precios de la electricidad, por vía de hacer cumplir a la ciudadanía que no paga el servicio electrico y eliminando gradualmente el subsidio que anualmente debe aportar el Estado para cubrir los déficits de las empresas estatales.

¿Qué hacer con las plantas de carbón de Punta Catalina, que el gobierno contrató en el 2013 con un consorcio encabezado por Odebrecht? Esa es una de las cuestiones más graves que debieron responderse y sobre las cuales no fue posible ponerse de acuerdo.

El más importante de los partidos opositores, el Revolucionario Moderno, anunció su rechazo a la firma del Pacto Eléctrico. La Comisión Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, que reúne a organizaciones de la sociedad civil, anunció su rechazo a la firma del pacto, y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera hizo lo mismo esta semana.

Antonio Taveras, presidente de la entidad empresarial, lo dijo claro, que hay muchos puntos que quedaron sin definición, y que por tanto ellos no están dispuestos a firmar:

“Esta decisión está basada en nuestra firme creencia de que los llamados consensos arribados en este pacto no resuelven el problema eléctrico nacional, pues puntos fundamentales no se tocaron, otros son un llamado al cumplimiento de la actual Ley General de Electricidad No. 125-01 y su reglamento o el acomodo de la misma a intereses particulares y privados de actores involucrados en la discusión del pacto”, explicó Antonio Taveras Guzmán.

Antonio Isa Conde, el ministro de Energía y Minas, y quien fuera uno de los ideólogos y líderes de los empresarios de Herrera, ha salido al frente a este planteamiento. Ha respondido con celeridad, para no dejar dudas.

“No comparto bajo ningún concepto esa posición de Herrera y afirmo que en mi condición de miembro del Comité Coordinador del Pacto Eléctrico nunca vi a un representante de mi Asociación presentar un disenso ante la asamblea o hacer un planteamiento que fuera desestimado”, dijo.

Las diferencias son notables, las quejas abundan, el rechazo al pacto va más allá de las quejas. No se pudo lograr el consenso sobre cuestiones fundamentales. El gobierno tiene una solución en marcha a los problemas del sector electrico, por vía de incrementar la generación oficial con Punta Catalina. Pero el gobierno ha hecho ofertas al sector privado para que participe en ese proyecto. No hay datos sobre qué va a pasar con las plantas de carbón luego de que el gobierno las ponga a operar en el 2018. Tampoco se conoce el costo final de las plantas.

El Pacto Eléctrico debió firmarse en el 2013, de acuerdo con el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Han pasado 4 años en ausencia de acuerdos, y por tanto de incumplimiento de ese mandato. Las autoridades aceleraron el proceso para la firma, pero se hará sin consenso, que era el mandato de la 1-12.

¿Vale la pena que se firme el Pacto Eléctrico en estas condiciones? En caso de que el gobierno espere más tiempo y se llame a los que tienen disensiones para el debate de los puntos en conflicto, ¿se logrará que cambien de parecer?

Son cuestiones fundamentales que deberá responder el gobierno, y que probablemente con la firma del Pacto recibamos alguna señal de cómo se conducirán las autoridades a partir de ese momento.