En su discurso de despedida y con motivo del Día del Poder Judicial, Mariano Germán dijo que trabajó con “entereza, decoro, responsabilidad, valentía, independencia, probidad, calidad, eficiencia y amor”. Es su criterio y habrá que respetarle esa convicción, sin embargo, hay muchas debilidades, flaquezas, distorsiones, aberraciones en la gestión del poder judicial que merecen un tratamiento especial con miras a mejoras sustanciales, en beneficio de la sociedad.
El Consejo Nacional de la Magistratura iniciará este jueves la evaluación de 12 de los 16 jueces de la SCJ. Mariano Germán ha expresado su disposición de no continuar en la función y por tanto no será evaluado, lo mismo que el magistrado Edgar Hernández, quien dijo que no continuaría. La evaluación del CNM será sólo a 10 de sus miembros, una parte de los cuales son jueces de carrera y otra parte son políticos enganchados a magistrados.
Olvidemos a Mariano Germán, a quien hay que valorar como una oportunidad perdida para aplicar cambios y hacer mejoras en el estamento judicial. Su paso por la presidencia de la SCJ fue la decisión del doctor Leonel Fernández, cuando era presidente de la República. El doctor Mariano Germán de hoy no es ni sombra del abogado, del profesor y del jurista que fue antes de desempeñar el cargo. Lamentablemente, en términos personales, el desempeño de la función ha representado un retroceso en la otrora honorabilidad y la dignidad del doctor Mariano Germán.
Hay que seguir adelante. La justicia no anda bien y requiere cambios institucionales sustanciales. Las designaciones no pueden hacerse en función de las simpatías políticas de los postulantes o de los evaluados. Los jueces políticos deben salir de la SCJ y esta es una oportunidad para hacer esas correcciones.
Un caso particular lo representa el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, Frank Soto, quien desea continuar en la SCJ y tiene aspiraciones de llegar a la presidencia de la Segunda Sala Penal de ese organismo. Para evaluarse tendrá que abandonar circunstancialmente la posición en el CNM y someterse al proceso de evaluación que se decida. Como miembro del CNM tendrá el privilegio de conocer los procedimientos, lo que es una desventaja para los demás evaluados.
Además, el señor Soto evaluará a superiores suyos en la Sala Penal de la SCJ, y eso representa una distorsión en el proceso o una dicotomía sin solución. Corresponde que el reglamento de evaluación tome en cuenta los conflictos de intereses que representa la presencia del secretario del CNM en su función evaluadora y como evaluado, respecto de los restantes miembros, algunos de los cuales han dedicado su vida profesional completa al servicio público en el poder judicial.
La presencia y participación del Procurador General de la República en el CNM es otro serio problema para magistrados que serán evaluados y que han tenido contradicciones con el Procurador, porque varios casos manejados por la PGR han pasado por manos de algunos de esos jueces. Si el Procurador General guarda alguna inquina, como es probable que ocurra, la dejará ver con la forma en que se comporte en la evaluación que haga del desempeño de esos magistrados.
Modesto Martínez, juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, ha dicho que los miembros del CNM carecen de instrumentos y conocimientos de evaluación de jueces como los de la SCJ, y que el mecanismo que ellos debían utilizar podría ser designar un equipo técnico que hiciera la evaluación y le rindiera un informe, dejando apenas algunos aspectos relacionados con la política judicial, por ejemplo. Pero eso no ocurrirá.
Confiemos en las buenas intenciones del presidente de la República y en la oportunidad que se abre para que la SCJ sea fortalecido, y que la política partidista saque sus manos del poder judicial, como que no ocurrió en la gestión del doctor Mariano Germán.