La carta de la magistrada Miriam German Brito, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, a Fran Euclides Soto Sánchez, juez de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, es la revelación de una crisis de profundas dimensiones en la principal institución del aparato judicial de la República Dominicana.
“Dada la situación que no propicio pero que sufro es que quiero limitar el roce con Usted, así las cosas a partir del día primero de octubre solo subiré a estrados los lunes con una composición en la que Usted no figure; los miércoles presidirá Usted y yo no subiré, si aparte de esos días hay alguna otra audiencia subiremos todos”.
Lo que está diciendo este párrafo de la carta de Miriam Germán Brito es que la situación de acoso, intolerancia, irrespeto ha llegado a un grado tal que le resulta imposible trabajar con un miembro del tribunal que ella preside, y quien se considera con atribuciones y conexiones políticas por encima de cualquier duda.
La carta describe el trato de Soto Sánchez hacia ella como “abusivamente irrespetuoso” y le lleva a que “contenga su ira”, pues ella toma decisiones sustentadas legalmente y no por mandato o por recomendaciones.
El contenido de la carta es de tal gravedad que, en primera instancia el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, y en segundo lugar el Consejo del Poder Judicial, deben tomar algún tipo de decisión para facilitar la administración de justicia.
Las influencias, las presiones, los cabildeos, las promesas y amarres, sin descartar la presencia de funcionarios gubernamentales al margen del Ministerio Público, parecen estar a la orden del día en este caso.
Hay unos casos vinculados a la corrupción de la administración pasada, que han representado un desafío muy grande para la Suprema Corte de Justicia, y en particular el caso del senador Félix Bautista y compartes, sometidos por la Procuraduría General de la República, con pruebas suficientes para que se abra un proceso judicial.
El caso fue cerrado de manera administrativa, unas horas antes de que el pasado gobierno entregara las riendas del poder a la actual administración. El Procurador General de la República solicitó la reapertura de la investigación, y la Suprema Corte de Justicia admitió debatir el tema. Fue designado un juez de instrucción especial para conocer el expediente entregado por el Ministerio Público. Ese juez fue Alejandro Moscoso Segarra, quien ordenó el archivo del expediente contra Félix Bautista, con cuestionables argumentos jurídicos.
La Procuraduría General de la República solicitó revisión de esa decisión, y recayó en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Con solo cuatro jueces en la sesión, por la razonable ausencia de Moscoso Segarra, hubo un empate y no fue posible una decisión por voto mayoritario. El caso recayó en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien seleccionó a la jueza de corte Mariana Daneira García Castillo, pera completar la corte. La corte sesionó, pero no hubo anuncio oficial de una decisión, sino el anuncio de que el 21 de octubre se daría a conocer el veredicto.
Las influencias, las presiones, los cabildeos, las promesas y amarres, sin descartar la presencia de funcionarios gubernamentales al margen del Ministerio Público, parecen estar a la orden del día en este caso. Por eso no resultan extrañas expresiones como las mencionadas por Miriam Germán Brito que habría pronunciado Fran Euclides Soto Sanchez, sobre ella: “Este tribunal tiene por todos lados cuestionamientos de personas mal intencionadas y Usted (Miriam Germán) con sus votos nos echa un cubo de lodo”. La respuesta de Miriam Germán no ha podido ser más clara: “En mis votos no le echo nada a nadie, equivocado o no expreso y fundamento mi criterio”.
Puede ser que esta crisis del sistema judicial no importa a los jueces del más alto tribunal, o no les preocupe. Tal vez sientan alguna preocupación, pero si tienen el criterio de jueces como Fran Soto Sánchez, en el sentido de que “este tribunal tiene por todos lados cuestionamientos de personas mal intencionadas…”, no hay mucho que buscar intentando que la justicia retome el camino de la dignidad y la legalidad.
No se trata de juicios populares, porque eso no existe en el ordenamiento jurídico dominicano, pero si un tribunal “tiene por todos lados cuestionamientos” es porque algo anda mal en su administración, o porque sus integrantes carecen de la credibilidad o de la solvencia que la sociedad espera de ellos. O porque sus decisiones reciben las críticas justas de parte de un soberano amorfo, sin estructura para expresarse, y que apenas se expresa por la vía que pueden abrir algunos medios de comunicación.
Ojalá que la soberanía de la justicia se imponga, y se rechacen las presiones, los dicterios, las agresiones y los excesos entre jueces, llamados a ejercer una función marcada por la solvencia, por la dignidad, por la independencia. Como está haciendo Miriam Germán Brito.