La pasada semana el ex general Francisco Hiraldo Rodríguez, quien durante 9 años ocupara el cargo de Jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas en la República Dominicana, entre otras responsabilidades de alto interés público, admitió ante un tribunal de Manhattan que era culpable de tráfico de toneladas de drogas hacia los Estados Unidos.
Cuando se hicieron los primeros señalamientos en el país, el general dijo que las mismas eran una infamia inaceptable, pero a los pocos días decidió irse voluntariamente como extraditado a los Estados Unidos, y meses después en la corte de Manhattan admitió las acusaciones.
Entre los cargos que la justicia de Nueva York le incluyó al ex general dominicano están el de participar en el transporte toneladas de drogas utilizando su cargo de alto oficial y responsable de máxima posición para perseguir las drogas en la República Dominicana.
Hay que suponer que las pruebas contra Hiraldo Rodríguez eran contundentes y les fueron mostradas. No había forma de hacer un caso judicial de oposición, gastando dinero mal habido con abogados que saben a lo que van. Y esa admisión es el reconocimiento de que el hombre decidió soltar todo cuanto estaba en su poder, como datos e informaciones, para que los norteamericanos descubran nuevos nexos y nuevos socios de los funcionarios narcotraficantes.
Admitir los hechos implica una negociación. Si se declara culpable simplifica el proceso judicial en su contra, y eso le hace merecedor de un tratamiento rápido y del perdón parcial de las autoridades judiciales y del Ministerio Público.
Pero al mismo tiempo implica una disposición osada hablar de sus socios, de cuáles son todos sus bienes, y de la forma en que se protegía para realizar sus tareas de traficar drogas. Oficialmente, no fueron las autoridades dominicanas las que lo descubrieron. Fueron las norteamericanas. Tenía 9 años al frente de un departamento vital en la persecución del narcotráfico. No es el primero ni será el último.
La pregunta es ¿qué hacen las autoridades de Estados Unidos con la información que les entrega el ex general Francisco Hiraldo Rodríguez? ¿La comparten con las autoridades dominicanas? ¿No son confiables las autoridades dominicanas para recibir esos datos? ¿Todo el mundo es sospechoso en la República Dominicana? Aquí hay un flanco de negociación importante entre el gobierno dominicano y las autoridades de los Estados Unidos.
El también oficial militar Quirino Ernesto Paulino Castillo fue apresado hace 10 años, traficando grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos, y ya está en libertad. Su familia protegida, él mismo protegido y dice estar dispuesto a venir al país a recuperar sus bienes y su honra. Estados Unidos, al hacer esta negociación con Quirino no pensó en las consecuencias que traería la presencia del narcotraficante, libre de cargos en la República Dominicana.
Y lo mismo ocurre con otros que han negociado con las autoridades dominicanas, luego de traficar drogas, ser apresados y haber negociado en los Estados Unidos. Recordemos a Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), a la ex capitana Raisa de la Cruz Olivares, y al mismo José David Figueroa Agosto. Tampoco olvidemos a Ernesto Almonte Reyes, mejor conocido como El Gordo, quien tenía un poder extraordinario en el país, fue extraditado y también hizo su negociación.
El problema para la República Dominicana es que una vez que entrega a los Estados Unidos a un imputado en narcotráfico prácticamente pierde toda autoridad y control sobre el expediente de la persona acusada. Es como si a partir de la salida del país del narcotraficante, las autoridades dominicanas quedaran atadas de pies y manos para profundizar las investigaciones y exigir reparación por el daño ocasionado en suelo dominicano. Y así no puede ser.
No existe en el país una política de captación o recolección de información para perseguir a los narcotraficantes. Eso lo hemos dejado a los Estados Unidos, quien apresa a ciudadanos dominicanos, los extradita, los interroga, les saca las informaciones y luego los envía al país, donde vendrán a exigir y a recolocarse en posiciones de mando. Y los hay entre ellos que lograrn reposicionarse, con poder y con enllavaduras.
Eso no concuerda con la independencia dominicana. Eso no es hacer patria. Eso no es lógico políticamente, si tenemos interés en ser parte de una comunidad que combate el tráfico de drogas, y es socia de los Estados Unidos en este propósito.
La forma de llevar esta lucha en términos de igualdad en compromiso y en beneficios es que la República Dominicana reciba la información que ha podido reunir Estados Unidos con la colaboración de las autoridades dominicanas. En el país siguen vigentes, con poder, haciendo diabluras, algunos funcionarios, militares y civiles, políticos, politiquitos y ratas que se hacen pasar por señorones, que lavan dinero del tráfico y consumo de drogas, que lavan dinero del crimen organizado, que participan de la industria criminal contra el país, y que las autoridades norteamericanas las tienen identificas, pero no ayudan al gobierno para perseguirlos, apresarlos y juzgarlos.
Tal vez algún día llegue el tiempo de hacer patria con una mejor política frente a los Estados Unidos en materia de información sobre drogas y lavado de activos.