El presidente Danilo Medina se negó a opinar sobre la opinión favorable de la Comisión del Senado de la República, que recomendó declarar Parque Nacional a Loma Miranda, un promontorio que se encuentra entre las provincias Monseñor Nouel y La Vega, a tres kilómetros de la Autopista Duarte, y que no cumple con las características que se requieren para convertirse en parque protegido.
La decisión de los legisladores tiene mucho que ver con el impedimento de las actividades extractivas que se propone realizar la empresa Falcondo, que es socia del Estado Dominicano en un 50% desde hace más de 60 años, y que ya explotó los yacimientos de ferroníquel de la Loma La Peguera, de Bonao.
Hubo un daño ecológico con la extradición del ferroníquel, que en los últimos años ha intentado repararse. En los años 60 no había la conciencia ecológica que existe hoy, pero tampoco había la tecnología que tiene la minería hoy día para conciliar su actividad con el medioambiente.
La empresa minera Falcondo adquirió los terrenos que posee en Loma Miranda hace ya muchos años, y lo hizo precisamente luego de tener investigaciones de que allí había mineral explotable en calidad y cantidad como para comprometer a futuro sus inversiones. Otros propietarios comparten Loma Miranda con Falcondo.
Las provincias de Monseñor Nouel y La Vega se han enfrentado en este conflicto, y hasta el propio Congreso han llegado las diferencias, tanto entre diputados y senadores, como a nivel político. En caso de que se declare Loma Miranda como Parque Nacional el Estado tendría que indemnizar a los propietarios, en especial a Falcondo. Se trata de miles de millones de pesos que el Estado no tiene. Esa puede ser una de las razones por las cuales el presidente decidió esperar la decisión final del Congreso.
El otro elemento es que la Minería representa un ingreso importante para el Estado. En Chile es casi el 40% del Producto Interno Bruto. El BID minero ha crecido en la República Dominicana por la inversión de Barrick Pueblo Viejo, que recientemente rediscutió su contrato con el Estado Dominicano.
El Congreso Nacional debe cuidar su actividad. Tiene que pensar bien sus decisiones, porque podría estar afectando una actividad lícita, como la minería, en vez de exigir que se explote esa riqueza y que se haga con las normas y la supervisión que requieren las leyes, conservando el medioambiente, reforestando las áreas intervenidas, cuidando los ríos, la fauna y cuantos elementos sean importantes para conservar la vida natural del lugar. Si eso es posible, que lo es, no hay por qué sacrificar las finanzas del Estado, ni violentar derechos adquiridos, de empresas y de personas, que tienen muchos años en manos de particulares.
El debate tiene aspectos muy positivos: Sabemos ahora que la sensibilidad por el medioambiente ha permeado al Congreso Nacional, el mismo que aprobó que el Estado invierta miles de millones de pesos en la construcción de una carretera que uniría a Santiago con San Juan de la Maguana, atravesando la Cordillera Central del país, y de paso devastando la más importante reserva ecológica de la República Dominicana.