Cuando se denuncia la malversación de fondos públicos, por la cantidad de dinero que sea, la disposición de cualquier juez debe ser poner el interés colectivo por encima de las amistades, preferencias personales o simpatías políticas, y dejar constancia de su honradez y dedicación al bienestar colectivo, aprobando que el imputado sea juzgado y que si tiene razón en los alegatos que presenta, que demuestre que ha actuado con rectitud y transparencia.
La reflexión se debe al proceso judicial que se busca para el senador por el Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, quien dirigió la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado entre el 2004 y el 2010, y se entiende que malversó fondos por un total de 26 mil millones de pesos, de acuerdo con la acusación que ha formulado la Procuraduría General de la República.
El juez de instrucción tiene el encargo de procurar las evidencias que hacen valedero un enjuiciamiento penal, y decide si existen indicios para que la persona responda ante un tribunal. Y el caso ha sido más que demostrado que cuenta con las pruebas para que Félix Bautista y sus aliados sean procesados. Y si como él y sus abogados alegan, es inocente, que así lo determine el tribunal que lo juzgue.
Y más que decisiones de protección de impunidad, y de carácter político, la sociedad espera decisiones legales, que garanticen la transparencia y el debido proceso.
El principal alegato del senador y sus abogados es que ya el expediente fue conocido y decidido por el anterior director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, señor Hotoniel Bonilla, quien ordenó el archivo definitivo del expediente, apenas unas horas antes de cerrar la administración del doctor Leonel Fernández. Las dudas sobran sobre ese procedimiento administrativo, y con toda razón el Ministerio Público solicitó la anulación de la decisión de archivo de este caso.
Otro adherente de Félix Bautista, el juez instructor del caso, Alejandro Moscoso Segarra, dictó la controversial decisión de que no era procesable el caso y ordenó el archivo de nuevo del expediente. Las críticas e indignación social no se hicieron esperar, y el Ministerio Público apeló a la decisión legal y procedimental que tenía por delante: ir a la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Cuatro jueces de los cinco que tiene la Cámara Penal, tomaron una decisión dividida, dos a dos, y por tanto no existe decisión. El juez de instrucción especial, Moscoso Segarra no participó de la decisión, por razones legales. No puede ser juez y parte cuando se analiza una apelación a la decisión que él mismo tomó.
Miriam Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal, Esther Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes y Frank Soto fueron los magistrados que dividieron el voto. No se explicó cómo votó cada magistrado, pero se entiende que el juez Soto, político y ex miembro del Comité Central del PLD, es uno de los que optó por el no procesamiento a Félix Bautista. Conociendo la rectitud y honorabilidad de Miriam Germán Brito, y su histórica destreza como magistrada, pudo ser parte del segundo voto que optó por juzgar a Félix Bautista. La duda se plantea entre los dos magistrados de carrera, Hirohito Reyes y Esther Agelán Casasnovas, si favoreció que Félix Bautista no regrese a ser juzgado por un tribunal penal, como demanda el Ministerio Público.
La comidilla ahora es conocer cómo fue el voto de cualquiera de estos dos magistrados.
Toca al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, designar a un quinto juez para que la Cámara Penal opere con 5 jueces, y pueda tomar una decisión por mayoría. Ya se sabe que la decisión está dividida, y que el quinto juez será quien decida si a Félix Bautista y compartes se les juzga o no, de acuerdo con la sólida acusación formulada por el Ministerio Público.
Mariano Germán deberá escoger un juez imparcial, pues la decisión que tome este magistrado inclinará la balanza hacia uno u otro lado. Por tanto, Germán Mejía tiene el pandero en sus manos, y ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia ha sido un ente de muchas controversias, por el manejo político de sus decisiones. Y más que decisiones de protección de impunidad, y de carácter político, la sociedad espera decisiones legales, que garanticen la transparencia y el debido proceso. Sin engaños.