La jueza Kenya Romero, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó medidas de coerción consistentes en 18 meses de prisión preventiva contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), y contra varios de sus socios en la supuesta trama para aprovecharse de los recursos estatales.
Las medidas de coerción también incluyen al cabo policial Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el sargento Alejandro José Montero Cruz, quienes deberán cumplir los 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres, y la pastora evangélica Rossy Guzmán, quien deberá cumplir la prisión preventiva en Najayo Mujeres. El caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, la jueza dispuso una medida consistente en prisión domiciliaria e impedimento de salida del país. Es la persona que -según su propia confesión- decidió cambiar de bando y revelar los detalles de las operaciones criminales cometidas por todos los imputados, además de otros que aún no están incluidos, y que se presume el Ministerio Público incluirá en los próximos días.
El otro pedimento acogido por la jueza es declarar complejo el caso Coral, lo que permitirá mayor tiempo para que los investigadores del Ministerio Público consoliden un expediente que envuelva la globalidad de las mafias involucradas, de acuerdo con la teoría del caso que han presentado los fiscales, avalados ahora con el testimonio de uno de los protagonistas delincuenciales.
El general Adán Cáceres Silvestre es un militar activo. Ocupó la privilegiada posición de Jefe de Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República, y valiéndose de sus influencias permitió que a su alrededor se organizara una red de tráfico de dinero que lo involucra, y que incluye una pastora evangélica y una asociación sin fines de lucro.
El caso tiene que permitir una reflexión que va más allá del proceso penal del que hemos sido testigos y de las revelaciones sensacionales realizadas por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Habría que suponer que los jefes del Cuerpo de Ayudantes Militares del Presidente de la República tienen tanto poder, y probablemente más poder, que el Ministro de Defensa. Eso es mucho decir.
Y que las historias que se han contado sobre los especialísimos, ascensos, gratificaciones, inserciones en las nóminas y tantas canonjías que se les permiten, son discrecionales y provienen de los enlaces de los jefes del Cuerpo de Ayudantes y no del Ministerio de Defensa y el historial meritocrático de los oficiales medios y superiores.
Un mayor general activo, que tuvo tanto poder, quedará bajo prisión en Najayo durante 18 meses, en lo que se investiga y formula un expediente acusatorio que seguro arrasará con su carrera y con los méritos que pudo haber acumulado, y que quien mejor pudo detectarlo fue el pasado presidente de la República, Danilo Medina.
Obvio que estas decisiones judiciales, y las denuncias, afectan al ex presidente Danilo Medina. Y ahora la pregunta es cómo pudo Danilo Medina permitir que el hombre que lo protegía cayera en una red de tráfico de dinero, contra los fondos públicos, sin enterarse y sin tomar las previsiones de lugar, no para sancionarlo, sino para protegerlo. ¿Dónde estaba el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) que no advirtió al presidente de la República que esta red estaba depredando el patrimonio público a costa del jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares?
El mayor general Adán Cáceres Silvestre se colocó en manos de un oportunista, el coronel Rafael Núñez de Aza, para depredar al Estado y rodearse de una red de traficantes de influencia. ¿No pudo darse cuenta de que las posiciones públicas son transitorias? ¿Que las actuaciones con los fondos públicos dejan huellas y que son rastreables en las circunstancias menos previsibles? ¿No pensaron en la posibilidad de que un Raúl Alejandro Girón Jiménez pudiera develar la trama montada y la naturaleza de las operaciones en que estaban?
Razones jurídicas pueden ser muchas las que se presenten ahora, para defender tecnicismos, y decir que no es justo lo decidido por la jueza Kenya Romero. Sin embargo, el país respalda masivamente la decisión y ha quedado sorprendido con las declaraciones de Girón Jiménez sobre la permanencia de actos ilícitos en varias entidades estatales. El Ministerio Público tiene el compromiso de profundizar las investigaciones, y seguir dando ejemplo de la certeza de la decisión del presidente Luis Abinader, de apostar por la independencia de un organismo esencial para que este país se replantee asuntos fundamentales de institucionalidad y respeto a las normas y al dinero público.
Toca ahora completar el expediente, y felicitar a Nuria Piera por su trabajo inicial, revelador de las primeras señales de sospechas, y de los investigadores del del Ministerio Público por su coherencia y calidad, especialmente a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.