Algunos organismos oficiales parecieran no tener interés en cumplir con el mandato de la ley, y abandonan sus funciones para dedicarse en los medios de comunicación a lo que mejor saben hacer: opinar y hablar con frases hechas, sin que exista ningún vínculo de lo que dicen con lo que hacen.

Esto tiene que con, directamente, con el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), que hasta el momento no ha dado señales de querer combatir la corrupción, pues son muchos los casos que se han puesto en sus manos y ninguno ha tenido méritos, salvo los que tienen que ver con casos insólitos del pasado gobierno, como el supuesto robo de documentos originales, por 11 mil millones de pesos, que supuestamente habrían cometido funcionarios del Banco Central, y que aparecieron en manos del banquero que siempre se tuvo los tuvo.

Son muchas las auditorías que existen, muchos los informes y denuncias que se hacen y se llevan al DPCA para que los investigue y proceda judicialmente contra los involucrados, y nada ocurre. El DPCA debe contar con un equipo técnico, como manda la ley, y proceder con las investigaciones sustentadas en el trabajo de esos técnicos. Por algo es un organismo que depende de la Procuraduría General de la República. Pero nada pasa.

Sorprende entonces que exista, adicional al DPCA, el Consejo Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, que ahora encabeza el doctor Marino Vinicio Castillo y que antes encabezó el doctor José Joaquín Bidó Medina. No sabemos en detalles el resultado del trabajo realizado en los últimos tres años por el doctor Castillo y su equipo, pero en la práctica pocas cosas tienen utilidad contra la corrupción.

Lo que hace el abogado y funcionario es política y en especial opinión política. Y lucha contra la corrupción no existe en la práctica. Todo pasa y todo queda, y la corrupción y la impunidad siguen presentes, sin que estas instituciones ayuden a desentrañar el embrollo en que se encuentra el Estado con una administración que da pocas señales de sensibilidad sobre este tema.

La Cámara de Cuentas clama contra el DPCA, pero no termina de entregar las auditorías que tanto costo tienen y al que tanto tiempo se dedica. El Ministerio de Educación reclama el informe final de la auditoría de la ARS-SEMMA y no lo terminan de entregar. Y se da larga a las investigaciones y pareciera que se apuesta al olvido.

¿Qué es lo que hicieron con la auditoría realizada a la Liga Municipal Dominicana? ¿Cuándo sabremos sobre la auditoría al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)? ¿Quién se responsabiliza por auditar lo que ha pasado en el Ministerio de Educación y los contratos para los llamados Textos Integrados, tantas veces denunciados? ¿Cuándo se sabrá de las 34 auditorías de las que habló Vincho Castillo que se hicieron al gobierno de Hipólito Mejía?

Es responsabilidad del Estado, y en particular del DPCA, de la Cámara de Cuentas, de la Contraloría General de la República y del Consejo Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que se haga algo diferente de lo que hemos visto hasta el momento.