Ahora que se ha puesto tan de moda que los funcionarios del gobierno se quejen por las denuncias de embajadores, hay que recordar algunos casos que resultan insólitos que debieran generar la misma preocupación e indignación entre los que desempeñan funciones públicas.

No ha sido un embajador, el de Inglaterra, quien ha hecho una denuncia. Fueron dos embajadores los que denunciaron actos de corrupción a la vez: también lo hizo el embajador de los Estados Unidos, Raúl Yzaguirre, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.

La denuncia de Fisher fue formulada en un acto de la Procuraduría General de la República, donde había funcionarios del poder judicial, y donde se presentaba la experiencia de un Procurador de la Corona Británica, con funciones en materia de lucha  anticorrupción, el señor Rupert Vining.

Es decir, que el gobierno británico está tratando de cooperar con el país en materia de lucha contra la corrupción, además de que ya lo hace por vía de la Iniciativa Participativa Anticorrupción, en la que participa como parte de la Unión Europea.

Precisamente esta semana en que ha habido las denuncias de los embajadores de Inglaterra y Estados Unidos, se dio a conocer una auditoría al Instituto Agrario Dominicano que revela irregularidades por 781 millones. ¿Cuál es el curso que tiene una auditoría del Estado, cuando revela irregularidades? ¿Serán llamados los funcionarios implicados, para que rindan cuenta? ¿Se les suspenderá en sus funciones mientras demuestran dónde fueron a parar esos 781 millones de pesos?

Esta misma semana el Alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, acaba de ser sometido a la justicia por organización Acción Dominicana contra la Corrupción, por negarse a ofrecer información sobre las finanzas y gastos de la alcaldía, en franca violación a la ley de acceso a la información pública.

Esta semana se ha destapado un desfalco de 156 millones de pesos en la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Cientos de personas cobraban sin trabajar, aparentemente, pero pareciera que son nombres ficticios y que alguien cobraba por ellos. El Alcalde de SFM no ha hecho ni siquiera una declaración jurada, violando de ese modo la ley, y resulta sospecho en las propiedades que ha adquirido en los últimos tiempos.

Acento dio a conocer la pasada semana que una resolución del Ministerio de Turismo declara el Polígono Central de Santo Domingo como polo turístico, en forma irregular, violando una ley, y que coincidencialmente esa decisión favorece una edificación extraordinaria que levanta Diandino Peña, ministro y director de una grandiosa oficina del gobierno. También en forma coincidente la torre Diandy XX cambió su perfil de centro comercial lúdico a hotel, y resulta favorecido con exenciones fiscales extraordinarias. Ni el ministro de turismo, jefe de campaña de Danilo, ni Diandino Peña, director de la OPRET, han dado respuesta a la denuncia. Han guardado silencio y en sus oficinas no hay nadie que pueda abordar el tema. No se sienten compelidos a dar explicaciones. Están por encima de las leyes y sienten que cuentan con total impunidad para hacer lo que les plazca. Y así no puede ser.

En la Cancillería dominicana hay un gran lío, vinculado al consulado en Boston, y al cónsul designado hace meses por el presidente Leonel Fernández, el señor Miguel Andujar, no lo quieren. El cónsul destituido se niega a entregar el cargo. Leonel Fernández designó una cónsul interina, mientras Andujar asume, y tampoco le quieren entregar a ella. Y hay una abierta y franca rebelión contra el presidente de la República. Un caso patético, vergonzoso, que demuestra hasta dónde hemos llegado en falta de respeto y pisoteo de la institucionalidad.

Y para colmo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, admitió esta semana que el país hay mucha corrupción y que ese es un flagelo que debe ser eliminado. De inmediato fue criticado duramente, porque estamos llegando a un punto que quien hable de corrupción se convierte en enemigo del gobierno. Y definitivamente, así no puede ser. Estamos en el año de la transparencia, y antes que termine es casi seguro que el presidente Fernández dará alguna demostración de que fue justo designar el 2011 así.