En lo que llega en firme la maniobra para reformar la Constitución de la República, si es que llega, una comisión del Senado de la República debate en estos momentos modificar la ley 87-01 que crea el régimen general de Seguridad social del país.
Es un asunto muy serio. No se trata de cualquier sistema. Se trata de abrir un debate para modificar la ley que ha recabado los fondos que se han convertido en “la caja chica” del gobierno dominicano. Los fondos ahorrados a través del sistema de Seguridad Social, en la parte de pensiones más de 500 mil millones de pesos, han sido esencialmente utilizados para financiar actividades del gobierno.
El régimen de Seguridad Social estableció el sistema de pensiones, que fue el primero en comenzar a operar, y luego estableció el sistema previsional, de servicios de salud, que no ha comenzado a operar plenamente, porque ni siquiera hemos podido instaurar un Plan Básico de Salud, tal y como manda la ley.
Los intereses creados han sido más poderosos que las intenciones de los proponentes de la ley aprobada. Se quería establecer una seguridad social de verdad, que fuera menos onerosa, con salud preventiva, y con un sistema de ahorros que posibilitara un retiro digno para los miembros de los diversos modelos de pensiones. El sistema contributivo comenzó a operar, porque lo pagan los trabajadores y los empleadores. El régimen contributivo subsidiado, para trabajadores informales no ha operado y está languideciendo, en letra muerta de la ley 87-01, mientras que el subsidiado ha sido asumido por el gobierno.
Poner la mano sobre un sistema organizado para que rindiera frutos en salud, pensiones y riesgos laborales, sin que toda la normativa se haya probado, es un desatino. Ha faltado voluntad política para poner en vigencia los contenidos de la ley 87-01. Los intereses creados han sido poderosos, los miedos de los funcionarios y políticos parecen gigantes. Y ahora se discute una modificación de la ley sin tocar aspectos que pudieran ser trabas, desde el principio, al cumplimiento de la ley.
Las altas comisiones que se cobran, por parte de los intermediarios, son un serio problema que nadie quiere utilizar. El poder inmenso que tienen las industrias farmacéuticas es otro asunto que nadie se atreve a tocar o lesionar con decisiones legales, y finalmente hay una cuestión política que deberá discutirse en algún ambiente institucional: el Partido de la Liberación Dominicana, que ha gobernado desde el 2004 hasta la fecha (la ley 87-01 se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2001), fue siempre enemigo de la versión que se acogió de la Seguridad Social. Los 8 años de Leonel Fernández, con Rafael Alburquerque como vicepresidente, fueron terribles para el sistema de Seguridad Social. Desmontaron los aspectos esenciales de la ley, por complicidad o cobardía, y se llevaron a la tumba la puerta de entrada al sistema previsional, que fue la Atención Primaria en Salud. Sin ese sistema la Seguridad Social era y sigue siendo una ilusión. Ahora el gobierno de Danilo Medina, 18 años después de aprobada, trata de poner en marcha el modelo de atención primaria. Es para taparse la cara de vergüenza.
La Ley 87-01 más que una reforma necesita de ponerla en marcha, y despojarla de todas las trabajas ilegales que le han puesto con decisiones administrativas que no tienen la fuerza que sí tiene la ley. También hay que enviar al zafacón los decretos presidenciales y las disposiciones que se han tomado para modificar aspectos esenciales de la ley 87-01. Por este camino no habrá verdadera seguridad social en el país.