En el día de hoy, y hasta el día 11 de mayo, se inicia en nuestro país, por invitación del gobierno dominicano, el 168 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Consideramos acertada la decisión del gobierno de invitar por segunda vez a la Comisión a sesionar en territorio dominicano, habiendo transcurrido 57 años desde su primera sesión de trabajo en R.D. en noviembre de 1961.
De hecho, esa visita fue histórica ya que la Comisión, creada en 1959, pero integrada en 1960, realizó su primera sesión de trabajo fuera de su sede en dicha ocasión.
Es importante aclarar que la CIDH, un órgano principal del sistema interamericano de derechos humanos, tiene dos modalidades de visitas. La más conocida en nuestro pais es la llamada visita “in loco” o “in situ”, mediante la cual la Comisión investiga los hechos en torno a la situación general de derechos humanos o en relación a un caso específico, en un país en particular. A traves de las décadas, la Comisión ha realizado unas 8 o 9 visitas de esta naturaleza a territorio dominicano, siempre con la anuencia del gobierno dominicano.
La otra modalidad se refiere a una sesión de trabajo de un período ordinario o extraordinario de sesiones fuera de su sede, Washington, DC, también por invitación de un gobierno. Cuando la Comisión sesiona fuera tiene por establecido que su agenda de trabajo no incluye temas relacionados al país anfitrión. Estas sesiones significan una manera de acercar a la CIDH a los gobiernos de las Américas y a sus pueblos y como medida de reciprocidad y cortesía se evita crear conflictos, no investigando casos o situaciones nacionales o realizando audiencias temáticas sobre el país.
Después de R.D. haber sido colocada en el Capítulo IV.B del informe anual de 2016 de la Comisión (la llamada “lista negra”), recientemente, en el informe correspondiente a 2017, fue retirada de dicha lista, en la cual nunca hubiese sido incluida si el gobierno dominicano hubiera respondido debidamente dentro de los plazos establecidos. Todo indica que la amarga lección ha sido asimilada.
Es por esto que también celebramos la reciente iniciativa del gobierno de establecer por espacio de un año una mesa de trabajo entre el Estado dominicano y la CIDH sobre implementación de políticas públicas de derechos humanos para darle seguimiento a las recomendaciones y compromisos relativos a los temas de derechos humanos incluidos en los informes de la Comisión sobre R.D. Vale la pena mencionar que dicha mesa de trabajo incluirá, además, espacios de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil.
Ojalá que exista buena voluntad de ambas partes para llegar a soluciones que abran el camino hacia una nueva relación entre el Estado y la CIDH, de forma tal que se avance en el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por República Dominicana.
Debemos entender que los organismos internacionales de derechos humanos han sido creados con el rol de colaborar con los Estados en avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos y no para sustituirlos o amedrentarlos.
Sin embargo, vale la pena señalar que, desde la década de los noventa, la CIDH ha venido enfatizando el tema migratorio en República Dominicana y desde la sentencia de las niñas Yean y Bosico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2005 y, en particular, del fallo 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, de septiembre de 2013, el enfoque de la Comisión se expandió para incluir también el tema de la nacionalidad.
Este legítimo interés de la Comisión ha sido percibido por importantes sectores de nuestro país en desmedro del resto de los problemas de derechos humanos que encara el pueblo dominicano. Estos sectores consideran, no sin cierta razón, que estos temas son los que más le interesan a la CIDH.
Tanta atención han tomado los temas migratorios y nacionalidad que aspectos claves como, a título de ejemplo, las graves deficiencias del debido proceso, la falta de independencia del poder judicial, las continuas amenazas a la libertad de expresión, o las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía, no reciben el debido escrutinio de parte de la Comisión.
Es tiempo de que la Comisión encuentre un equilibrio en los temas de derechos humanos en RD, de forma tal que se pueda superar esta situación y recuperar la confianza de sectores más amplios de la población.