La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como era de esperarse, emitió finalmente un documento expresando “su preocupación por las denuncias de expulsiones de mujeres embarazadas, principalmente de origen o ascendencia haitiana, desde República Dominicana”, y de inmediato urgió al Estado Dominicano “a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana; particularmente acceso a servicios de salud, independiente de la situación migratoria”.
El documento de la CIDH se sustenta en las denuncias y preocupaciones expresadas por el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, por el Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), por denuncias de las personas afectadas y organizaciones que defienden sus derechos y afincándose en la legislación migratoria de la República Dominicana, particularmente la ley de Migración, más las declaraciones ofrecidas por el Consejo Nacional de Migración.
Lo que ha reclamado al Estado Dominicano la CIDH es ceñirse a determinadas normativas del sistema interamericano, incluyendo resoluciones como la 1/2020 de la propia CIDH sobre pandemia y Derechos Humanos, además de los principios sobre Derechos Humanos y los derechos de las personas migrantes, apátridas, refugiadas y víctimas de trata.
El reclamo que hace la CIDH es muy específico: “no expulsar, devolver, extraditar, trasladar de manera informal o entregar, poner en las fronteras de otro país, sea o no de su nacionalidad, a ninguna persona donde su vida o libertad peligren”. Y agrega que el Sistema Interamericano considera que conforme al artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el principio de no devolución debe aplicarse a toda persona que pese a no ser refugiada o asilada, no puede ser devuelta al territorio de otro país en donde su vida o libertad peligre o existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos”.
Es documento tiene amplia divulgación, especialmente por el prestigio de la CIDH, y seguirá circulando y podría tener consecuencias mayores, en la medida que otros actores comiencen a tener presencia, sustentados en que nuestro país estaría violando los derechos humanos de migrantes ya establecidos en nuestro territorio.
Hace bien el Estado dominicano en no tomar a la ligera este documento. La respuesta ofrecida es un sólido y ponderado comunicado, con firmes consideraciones, en los que presenta una realidad que no necesariamente ha sido observada por la CIDH:
- Desde 2019 Haití entró en una crisis institucional incontrolable, que incluye un proceso migratorio creciente de ciudadanos de ese país hacia la única frontera física que tienen: La dominicana. Entre los migrantes se incluyen mujeres embarazadas, que han sido atendidas por los hospitales dominicanos.
- El gobierno ofrece estadísticas, aportadas por el Ministerio de Salud, sobre el número de partos en los hospitales dominicanos que han tenido desde 2018 mujeres haitianas. Son los datos de los que se fía el gobierno: En 2018, se registraron 14,693 partos de madres haitianas en hospitales públicos dominicanos. En 2019, con el aumento de la inestabilidad en ese país, los partos casi se duplicaron a 27,984. En 2020, aumentaron a 30,322 y entre enero y septiembre de 2021 se han registrado 24,376 en la red de hospitales públicos. Esto implica que mientras en 2018, el 12.5% de los partos de la totalidad de la red pública fueron de madres haitianas, esta proporción aumentó a 23% en 2019, a 27.2% en 2020 y a 30% en los primeros nueve meses del 2021.
- Haití no ofrece suficientes servicios de salud a sus ciudadanos y la mayoría sale a buscar esos servicios en otros países. Los que pueden van a Estados Unidos o Europa, y los que no, buscan pasar la frontera dominicana.
- El otro argumento del gobierno es que la comunidad internacional tiene una responsabilidad con Haití. “Esta incapacidad del Estado haitiano para suplir las necesidades de su ciudadanía es una corresponsabilidad de la comunidad internacional, ya que Haití se encuentra bajo mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde 2004. Ese fracaso de la comunidad internacional en Haití ha dejado a República Dominicana en la inadmisible situación de suplir por sí sola la ausencia de servicios públicos del país vecino”.
- Es en este contexto que el gobierno califica de ”injusto e inoportuno (el) comunicado sobre las embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana”, emitido por la CIDH, como parte de la Organización de Estados Americanos.
- El gobierno dominicano dice estar respetando las normas y principios del sistema interamericano sobre temas migratorios, sin embargo advierte que la República Dominicana no puede cargar con el peso y el costo de la ausencia de institucionalidad en Haití: “En Haití lo que se vive es una situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas, de la cual República Dominicana no tiene responsabilidad alguna”. Haití es un país soberano y debe procurar los medios para defender su soberanía, pero también debe encontrar soluciones internas a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas.
- El gobierno considera que la presión de los haitianos sobre los servicios dominicanos es muy intensiva. “De lo que se trata en este caso, es de una presión masiva y excepcional a los servicios públicos de salud dominicanos, frente a la carencia de estos servicios en Haití. El Estado dominicano tiene el derecho y el deber de controlar esta situación para evitar el colapso de los servicios de salud sexual y reproductiva en nuestra red pública de hospitales”.
- El gobierno dominicano se reafirma en los principios de respeto a los derechos humanos, y llama la atención de la CIDH a observar más ampliamente el contexto, y a considerar las opiniones oficiales sobre un tema en que República Dominicana ha sido protagonista, invitando a la comunidad internacional a no descuidar el apoyo a Haití: “El Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el derecho internacional general y americano y, en particular, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados en la materia ratificados por el país”.
- Y reitera su voluntad de contribuir con la recuperación de la estabilidad en Haití, para que ese país pueda atender las necesidades propias de sus gobernados. “Sin embargo, ante la incapacidad del Gobierno haitiano para resolver las necesidades básicas de su población y la inexcusable ausencia de la comunidad internacional en ese sentido, República Dominicana manifiesta su más enérgico rechazo a la irresponsable pretensión de colocar la solución de los problemas haitianos sobre los hombros dominicanos. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana”.
Este tema seguirá creciendo, y posiblemente escale nuevamente al interés de la comunidad internacional. El subsecretario Todd Robinson, de Estados Unidos, compareció esta semana ante una comisión del Senado de su país, y ahora entiende que será necesario intervenir para ayudar a Haití a reencontrarse con la seguridad y la democracia. No dijo cómo sería esa intervención, pero refleja una voluntad para ayudar. Estados Unidos tiene una muy alta responsabilidad con Haití.
El gobierno dominicano debe desarrollar una estrategia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el tema Haití oficialmente solo sea manejado por la Cancillería y el Poder Ejecutivo, y que los ministros y funcionarios se abstengan de ofrecer declaraciones que luego son utilizadas en el contexto internacional como “oficiales”.