El presupuesto nacional del próximo año ha generado reacciones virulentas de sectores del Estado Dominicano, que en años anteriores no tuvieron este tipo de reacciones. Por ejemplo el sector justicia.
Desde el 1997, cuando se produjo la reforma judicial, el presupuesto de la justicia comenzó a dignificarse y los tribunales recibieron el influjo de vientos renovados que implicaron cambios en el aspecto físico y en la calidad de los jueces y sus decisiones.
Jorge Subero Isa, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, nunca fue tan agrio ni pugnaz en sus reclamos de aumento presupuestario a las tres administraciones de Leonel Fernández (1996-2000; 2004-2008 y 2012), y de Hipólito Mejía (2000-2004), como ahora lo es Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y vinculado estrechamente al partido de Gobierno, al que le ha servido como abogado y como funcionario del tren administrativo.
Qué ha pasado con la administración de justicia en los últimos años? Que su presupuesto ha crecido como nunca en la historia, y que para el año 2015 el gobierno decidió que no podía aumentar el presupuesto más allá de los RD$5,222 millones que le asignó.
En 1997, año base de los cambios en la justicia, el presupuesto fue de 301 millones de pesos, un 40% de lo solicitado; en 1998 fue de 540 millones, un 80% de lo solicitado. En 1999 fue de 634 millones, un 66% de lo solicitado. En el año 2000 fue de 711 millones, un 55% de lo solicitado, y en el 2001 de 927 millones, un 57% de lo solicitado.
Para el año 2002 el presupuesto fue de 920 millones, un 64% de lo solicitado, y una de las pocas veces que se redujo en vez de aumentar en relación al año anterior. En el 2003 el presupuesto fue de 1,020 millones, un 57% de lo solicitado. Vino la gran crisis por el fraude bancario del 2003, y en 2004 el presupuesto siguió subiendo a 1,149 millones, un 49% de lo solicitado.
En 2005 hubo un gran salto, al pasar el presupuesto a 1,987 millones de pesos, un 61% de lo solicitado. En 2006 dio otro salto al pasar a 3,165 millones, para un 78% de lo solicitado. Es la única vez que el presupuesto de la SCJ alcanzó el 2% del Presupuesto General de la Nación. En 2007 se redujo a 3,162, para un 64% de lo solicitado, y en 2008 subió a 3,546 millones, un 62% de lo solicitado.
Desde entonces no hubo cambios, y en el 2012 el presupuesto subió a 3,806 millones, un 62% de lo solicitado. En el primer presupuesto elaborado por el gobierno de Danilo Medina, para el 2013, el presupuesto de la SCJ subió a 4,206 millones, un 62% de lo solicitado, y en el 2014 ha sido de 4,906 millones. Para el 2015 el gobierno del presidente Danilo Medina asignó 5,222 millones de pesos. El presidente de la SCJ, Mariano Germán, ha reaccionado diciendo que no mendigará presupuesto., pero agregó algo lamentable: “Que quienes exigen buena administración de justicia no se quejen”.
Nada más justificativo del mal comportamiento de la administración de justicia. No es posible atribuir al presupuesto que se le asigna, como se puede ver lleva el mismo comportamiento positivo desde 1997, para que los jueces corruptos sigan profundizando un deterioro que todo el país ha sido testigo a través de decisiones interesadas, fuera de la normativa que el país anhela y espera de la administración de justicia.
“Yo no creo que tenga que pedirlo, las funciones se ejercen con dignidad, yo no tengo que pedir. Cada quien sabe lo que le corresponde…No tengo con qué designar un abogado, no tengo con qué designar una secretaria, no tengo con qué comprar equipos, no tengo con que arreglar los juzgados donde se administra la justicia, que administramos justicia en furgones, (caso de la provincia Santo Domingo)”, dijo Mariano Germán.
La pregunta es si con el presupuesto histórico de 5,222 millones de pesos no es posible, como ha dicho Mariano Germán, reclamar buena administración de justicia. Creemos que sí lo es, y en especial si los organismos responsables de supervisar funcionan.
La ley 194-04 determina que el presupuesto de la justicia debe ser el 2.66% del presupuesto general de la nación, y ese porcentaje no se ha cumplido nunca. Como no se han cumplido muchas otras leyes especializadas para sectores específicos. La única ley que se cumple estrictamente es la que asigna fondos a los partidos políticos cada año. El problema es que la justicia no tiene posibilidad de imponer su criterio ni de imponer el peso de la ley en aspectos institucionales de gran jerarquía. Tampoco lo puede hacer, ni lo desea hacer, con los de menor jerarquía, porque tiene unos jefes políticos muy poderosos. Así, con presupuesto o sin él, la justicia ninca llegará a servir de forma eficiente a la sociedad dominicana.