Además de las iniquidades del proceso electoral, por la tendencia oficialista de las decisiones de los órganos electorales, hay que agregar que los otros mediadores no institucionales, han ido desapareciendo del escenario político, en la misma medida que el partido oficial ha fortalecido su control sobre los tomadores de decisiones en el país.
Insistimos en que los mediadores tradicionales han ido desapareciendo. Agripino Núñez Collado, ya fuera de la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es apenas un reducto empequeñecido en el debate sobre los pactos que conduce como funcionario oficial, responsable de la dirección del Consejo Económico y Social (CES).
La Iglesia católica es un actor político pugnaz y eficiente en sus campañas. Antes mantenía cierta cautela en los debates sobre los temas políticos. Ahora es portavoz de unas consignas muy claras, y ha hecho opción preferencial por la política agresiva, incisiva, con reclamos y amenazas incluidas a los políticos que se refieren con tolerancia a temas como la educación sexual, la aceptación de la homosexualidad como un derecho de minoría, o la reforma constitucional, los derechos de los desnacionalizados por la sentencia 168-13, o el derecho al aborto terapéutico garantizado por el anulado Código Penal Dominicano.
La Constitución es muy clara en el sentido de que vivimos en un Estado laico, que no hace distinción de las creencias de sus ciudadanos para garantizar sus derechos e intereses
Y lo mismo ocurre con los grupos evangélicos, pentecostales, adventistas y otras denominaciones no católicas. Han sido y siguen siendo militantes agresivos. La política la asumen con la misma pasión que asumen su lectura rígida de la Biblia, y solo basta escuchar discursos como el de Ezequiel Molina, como parte de la Batalla de la Fe, para darse cuenta que más que salvando almas, están dedicados a la búsqueda del voto para presionar en la dirección y orientación que ellos quieren que estén las políticas públicas.
La Constitución es muy clara en el sentido de que vivimos en un Estado laico, que no hace distinción de las creencias de sus ciudadanos para garantizar sus derechos e intereses.
Los grupos empresariales están más ocupados en la gestión de la economía de sus empresas y de su sector, que en el campo de la política. Como corresponde. Sin embargo, saben y están conscientes de que ahora cualquier político tiene más dinero, más poder y más influencia que cualquier subsector de la economía completo. Y tienen capacidad de hacer daño. Y eso ha empujado a los grupos empresariales a tener cada vez más cautela en sus pronunciamientos.
Otros actores de la sociedad civil han reducido su presencia en el debate y perdido relevancia, como resultado de la política de invisibilización de los mismos, aparte de los ataques que reciben de los grupos parasitarios alrededor del poder.
La realidad es que la política, y los procesos electorales, se realizan hoy día con ausencia de mediadores válidos y con poder de influir en las decisiones nacionales.