La auditoría del sistema de cómputos de la Junta Central Electoral fue siempre el tema de la discordia. La Junta no encontró tiempo para realizar esa labor. Y Participación Ciudadana lo solicitó del mismo modo que esa solicitud fue respaldada y presentada por partidos y precandidatos.
No es la primera vez. Cuando Roberto Rosario Márquez fue presidente de la Junta Central Electoral se le solicitó muchas veces y con insistencia realizar una auditoría al sistema de cómputos de la JCE. Se negó rotundamente. La presión fue creciendo y cuando ya no había forma de negarse, Rosario contrató a la empresa Price Waterhouse Coopers de Madrid, vinculada con la vendedora de los equipos Indra Internacional. Al final no se hizo la auditoría, y la JCE recibió una página con un informe inservible como auditoría.
El punto negativo para la JCE en esta ocasión es no haber realizado la auditoría previo a las primarias del 6 de octubre. Las primarias eran un prueba, con fines de las elecciones del 2020. Ahora, mediante resolución el Pleno de la JCE aceptó que se realice una auditoría forense del sistema de cómputos.
“La Auditoría Forense será realizada por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en material electoral e incluirá el análisis del Secreto del Voto y No Trazabilidad; Integridad de los datos y objetos de la Base de Datos; trabajo fuera de línea; análisis del programa fuente (Código Fuente) versus Programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y evaluación de la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de seguridad”. Así consta en la información que se ha publicado, que ha sido extraido del acta de la última reunión del Pleno de la JCE.
Es la decisión más oportuna, para evitar nuevos ataques a la credibilidad del organismo electoral y alejar las elucubraciones. Debió hacerse antes de las votaciones del 6 de octubre. Ya sabemos que en las elecciones municipales de febrero del 2020 se utilizará el sistema del voto automatizado, pero previamente deberá hacerse la auditoría del sistema, para que los contendientes no puedan alegar, como hace ahora Leonel Fernández, que fueron víctimas de fraude y que hubo algoritmo y que el código fuente estaba maleado.
La experiencia de Roberto Rosario Márquez y de Julio César Castaños Guzmán es clara: Hay que satisfacer a los partidos políticos para que las dudan no crezcan, ni tengan justificación, como ocurrió en las elecciones del 2016 y como acaba de ocurrir en las primarias del PLD, del nivel presidencial.