“Las empresas del Clan Medina Sánchez, que se comportaron como un pulpo con tentáculos en la educación, los servicios sociales, equipamientos de hospitales, suministro de medicamentos, combustible para la seguridad ciudadana y energía eléctrica del país estaban escogida desde antes de nacer la necesidad, ya que en muchos casos se creaba una necesidad ficticia solo con la intención de comprar o contratar con el Estado con el objetivo de distraer los fondos para darse una vida de millonarios y mantenerse en el poder a costa de la calidad del sistema de salud, la vida y la seguridad de un país”.
Este párrafo aparece en la página 541 del expediente acusatorio presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), contra 27 personas físicas, entre ellos el hermano del ex presidente de la República Danilo Medina, señor Juan Alexis Medina Sánchez.
Reiteramos nuestra recomendación de que la mayor cantidad de personas, en la medida de sus posibilidades, pueda leer la pieza acusatoria. Es un documento que contiene los datos y detalles de cómo 21 empresas o razones sociales fueron utilizadas para depredar al Estado Dominicano. La pieza también involucra, por parte de la PEPCA, hasta ahora 169 testigos y un total de 1,946 pruebas documentales.
En la página 578 el documento vuelve a describir, ahora en la acusación precisa de cargos contra Juan Alexis Medina Sánchez la parte de lavado de activos, y señala lo siguiente:
“Desde el inicio de sus operaciones en el año dos mil doce (2012), el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, realizó múltiples operaciones típicas del lavado de activos, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los bienes obtenidos de manera ilícita de los actos de corrupción que hemos acusado de manera precisa en la presente instancia, con el objetivo de distanciar sus operaciones comerciales y de lavado de activos de su círculo original, recurriendo a personas más neutrales, como los testigos Antonio Florentino Méndez y Rigoberto Alcántara Batista, quienes serán tratados más adelante”.
En la página 599 del expediente se documenta una de las múltiples operaciones de lavado de activos del principal imputado, Juan Alexis Medina Sánchez:
“Una de las operaciones de lavado de activos realizadas por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez, fue la inyección de Cien Millones de Pesos Dominicanos (RD$100,000,000) a la sociedad comercial Ichor Oil, S.R.L., que apenas obtuvo un Registro de Proveedor del Estado. Una conversación telefónica interceptada en virtud de la Resolución No. 0093-OCTUBRE-2020, el día 17 de noviembre del año 2020, entre el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y el testigo Rigoberto Alcántara Batista, revelaba la transacción en curso, en la cual este último sirvió como testaferro para ocultar la operación y así evitar que se evidenciara el nombre de las empresas del Grupo JAMS o su líder, el principal acusado, lo que materializó una clara operación de lavado de activos”.
Y en la página 643 se describe parte del comportamiento delictivo del hermano del presidente, aprovechando su relación familia con el jefe del Estado para lavar activos:
“La acción del acusado Alexis Medina Sánchez era evidente: prevalecerse del Estado dominicano para obtener beneficios económicos, abusando de su condición de hermano del presidente de la República como modus operandi, lo que incidió en que dentro de las quince comunicaciones fechadas 25 de marzo de 2014, dirigidas a diversas entidades del gobierno por la empresa Editorama, S.A.S., representada por Juan Antonio Quiñones Marte, presidente, todas ocupadas mediante allanamiento, ésta imprenta les ofreciera productos y servicios de manera particular a instituciones vinculadas al presente caso, a saber: Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), con atención a la Sra. Carmen Magalys Medina. Contraloría General de la República Dominicana, con atención al Sr. Rafael Antonio Germosén Andújar”.
Con este expediente acusatorio, denominado Pulpo, el país está frente a uno de los casos mejor documentado de corrupción en la administración pública. Ha sido una labor exhaustiva, bien llevada y con pruebas documentales, periciales y materiales que permitirán un juicio que podría ser ejemplo para ayudar a desterrar el nepotismo y el clientelismo como parte de las prácticas estatales que más potencian la corrupción.