Los gobiernos de República Dominicana y Haití han sostenido un diálogo fructífero, inicialmente, a través de Venezuela, que ha auspiciado un entendimiento sobre la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
La mañana del viernes el ministro de la presidencia dominicana, Gustavo Montalvo, y el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, Pierre-Richard Casimir, dieron a conocer los puntos del acuerdo. Se trata de auspiciar el diálogo en los asuntos relacionados con los dos países y en relación a los derechos de los descendientes de haitianos, que son dominicanos, garantizar su seguridad jurídica y respetar sus derechos humanos.
Además, el gobierno dominicano se comprometió a “hacer públicas en los próximos días una serie de decisiones al respecto” y entre los dos gobiernos habrá un encuentro posterior para alcanzar acuerdos satisfactorios.
Felicitamos esos acuerdos, los que siempre hemos favorecido, pero entendemos necesario hacer algunas precisiones.
El gobierno haitiano es un ente que puede defender a sus descendientes en cualquier lugar del mundo, y no representa el sentir ni el punto de vista de quienes hemos criticado la sentencia del Tribunal Constitucional, como ciudadanos dominicanos que somos, con derechos a criticar las decisiones de nuestro gobierno y las de sus instituciones.
Nos referimos al ordenamiento jurídico nacional y sus vinculaciones con el orden jurídico y de derechos humanos al que estamos vinculados a través de la Carta Democrática, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los demás pactos a los que nos hemos adherido como país.
Haití puede reflejar un punto de visto sobre los descendientes de haitianos, pero nosotros sostenemos que los afectados por la sentencia son ciudadanos dominicanos, nacidos en República Dominicana y con derechos propios, que no son representados por los puntos de vista del gobierno haitiano.
Estos y otros aspectos, en el comentario que sigue: