El gobierno del presidente Joe Biden tienen la política interna de los Estados Unidos como su prioridad. Si hay un tema internacional de preocupación habría que decir que es la expansión de la influencia de la República Popular China en el mundo. Ahí entramos los dominicanos, que recién inauguramos relaciones diplomáticas y políticas y que somos receptores de las vacunas orientales en forma privilegiada.

El informe del Departamento de Estado, conocido esta semana, es una advertencia y amerita ser leído entre líneas y sin paréntesis. Como realpolitik que es.

 Este reporte anual del Departamento de Estado en el que se llama la atención sobre el clima de inversiones en el país, también merece ser leído al revés y al derecho.  

Porque si bien externa quejas sobre falencias harto conocidas, no es menos cierto que ignora acciones puntuales dirigidas a enfrentarlas.

Por el año en que fue elaborado, 2020, este diagnóstico no establece claramente qué tanto de las antiguas prácticas perviven en la actualidad ni qué nivel de adecentamiento y corrección se han originado en el seno de éstas.

Peor aun, el informe de la cancillería norteamericana, por tratarse de un documento del más alto nivel, pasa por alto citar casos concretos de corrupción en este apartado.

De inmediato surgen preguntas ante lagunas tan obvias. ¿Cómo hacer para enfrentar posibles ocurrencias como las denunciadas sin tener a mano evidencias que contribuyan a corregirlas? ¿Es generalizada la percepción del reporte de EEUU entre los inversionistas de otras naciones?  ¿Es necesario poner contra las cuerdas a un gobierno amigo que apenas comienza su andar? 

Y es que tantos años de gobiernos recientes produjeron tanto hollín de corruptela que al día de hoy, aun con apreciables emprendimientos justicieros , el manchón prevaricador aun delata sus huellas.

Por ser actividades sistémicas, estructuradas, “organizadas” para que nada se organice, esas deficiencias demandan de un esfuerzo extraordinario para ser desmontadas en el corto plazo.

Mas el  informe se conoce en un momento en el que el Ministerio Público ha encaminado puntuales acciones para enfrentar graves casos de corrupción, lo que reconoce y  pone de relieve este diagnóstico. El caso Odebrecht, por ejemplo, iniciado por los Estados Unidos en 2016.

Sin embargo, el núcleo del informe queda centrado en la expectativa que construye de cara a posibles transformaciones más allá de la ejecución de castigo para culpables de corrupción administrativa.

Con tres años por delante, el gobierno de Luis Abinader es llamado por el Departamento de Estado a producir un cambio profundo en los mecanismos que sirven de plataforma a la inversión extranjera. Y nada más.

De hecho, varias iniciativas en ese orden se han puesto en movimiento, y cabe esperar que se entiendan las circunstancias en que asumió Abinader, atenazada su nueva administración por la pandemia y sus efectos demoledores sobre la economía, y con un Estado diezmado por el desfalco generalizado.

Cabe destacar que la nueva gestión alienta  un grande esfuerzo por reorganizar el Estado, oxigenarlo y enrumbarlo hacia objetivos modernizadores. Falta mucho trabajo por hacer y el informe no hurga en el contexto, si no más bien en los resultados pecaminosos que fustiga.

Como diplomacia, la de la principal potencia mundial ante naciones como la República Dominicana suele mostrarse, como ahora, con un tono vertical  y unilateral que no contribuye en nada al entendimiento mutuamente provechoso. Con el agravante de que EEUU aún no tiene un embajador designado, ni lo está discutiendo en su Congreso, y tenemos un encargado de negocios como embajador interino.

Al señalar que la marcha de las inversiones norteamericanas dependerá de cómo se encaren las transformaciones requeridas en el informe, es claro que éste operará como una presión concreta y nada disimulada.

Entendemos que la Cancillería dominicana debería reformular su postura ante reportes de esta naturaleza, y encaminar tareas que por vías estrictamente diplomáticas analicen estos asuntos y puedan producir soluciones efectivas que trasciendan el mero regaño público. Que designe, por ejemplo, una comisión para dar seguimiento a este informe, y que solicite el apoyo de Estados Unidos para identificar las especificidades. Sería de gran valor.