Conocido ya el veredicto de la Comisión Especial designada por el presidente Danilo Medina para investigar la licitación y otorgamiento del proyecto de construcción de las plantas de Punta Catalina a un consorcio encabezado por Odebrecht, es poco lo que queda por hacer a partir de ahora, especialmente al Ministerio Público.
El extenso informe de la Comisión Especial excluye de responsabilidad a los funcionarios que tuvieron en sus manos la asignación de esta obra a Odebrecht y sus socios, comenzando por el presidente Danilo Medina, así como al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara, a los miembros de la comisión de licitación y a la firma extranjera, Stanley Consulting, que llevó a cabo los procedimientos y reglas de licitación.
Las recomendaciones de la Comisión se quedan en aspectos conocidos por todo el mundo, como la necesidad de modificar la ley 340-06 sobre compras y contrataciones, la devolución de los fondos de garantías exigidos por el Banco de Desarrollo de Brasil, como adelanto para el financiamiento, y unas cuantas indagatorias de menor cuantía que correspondería realizar al Ministerio Público.
Salvados ya de este proceso, los implicados pueden respirar tranquilos y repetir, como de seguro lo harán, que empresarios como Pepín Corripio, Celso Marranzini o Pedro Brache no pondrían en juego su prestigio para ofrecer un resultado como este. Todo el mundo sospechaba que habría sobornos, porque Odebrecht lo admitió y porque la Procuraduría lo admitió en un documento judicial, pero luego hubo rectificaciones, y ya el caso Punta Catalina queda liberado de sospecha.
Una práctica común en todas las obras contratadas por Odebrecht ha sido el agregado de adendas, con incrementos de precios. Estas adenadas iban siempre avaladas por las instituciones que contrataban las obras, y superaban el 25% del monto del contrato.
La Comisión ha incluido el punto 52 de su informe, en el que pide cuidar que no se acepten ajustes al precio de la obra de Punta Catalina. Lo dice así:
52. La Comisión considera que el precio contratado debe incluir la totalidad de las inversiones requeridas para la puesta en funcionamiento de la Planta Punta Catalina, sin costos adicionales. Este es un proyecto llave en mano y, por lo tanto, no se debe aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido a precios constantes acordados en el presupuesto contratado.
Otra cuestión importante: queda confirmado que la Procuraduría General de la República no investigó por su lado, ni está interesada en hacerlo, los casos de sobornos relacionados con Punta Catalina. El Procurador General de la República documentó a la Comisión que en esa obra no hubo soborno, y lo hizo sin haber realizado una investigación. Respondió una carta acogiendo como válido lo dicho por uno de los funcionarios de Odebrecht, que será y seguirá siendo parte interesada en este sainete.
Veamos lo que dice en su informe la Comisión, refiriendo una carta del Procurador General de la República:
59. En virtud de lo anterior, esta Comisión remitió el pasado 7 de junio de 2017 una comunicación al Procurador General de la República para que confirmase de manera formal la mención realizada en ese expediente sobre la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Como respuesta a esta solicitud se recibió el 9 de junio de 2017 una comunicación del Procurador General de la República que reza de la manera siguiente:
“Ante las aseveraciones y cuestionamientos realizados por algunos de los abogados de los imputados con relación al Proyecto Punta Catalina y la alegada no inclusión de ninguna persona vinculada a este proyecto en el proceso de solicitud de medidas de coerción en el caso de Odebrecht, la Procuraduría General de la República (PGR) explicó este jueves que de ninguno de los documentos suministrados por las autoridades de Brasil se infiere que hayan sido pagados sobornos para ganar el proceso de adjudicación ni para el Contrato de EPC (Engineering Procurement and Construction), del proyecto Central Termoeléctrica de Punta Catalina.”
“A través de una nota de prensa, la institución [la PGR] señaló además que la documentación provista desde Brasil no evidencia irregularidad alguna en el proceso de licitación y adjudicación del contrato de EPC, aunque hace la salvedad de que la misma incluye la confesión de un empleado de la empresa Odebrecht, según la cual un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso Nacional del financiamiento para la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.”
“Indicó [la PGR] que tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves de que para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional sí se pagaron sobornos, hechos por los cuales, existen dos personas contra quienes se están pidiendo medidas coercitivas, dentro del grupo de señalados por esta PGR el pasado lunes, como parte de las diligencias de la investigación de los sobornos pagados por la constructora brasileña.”
60. En consecuencia, en base a las informaciones anteriores, esta Comisión insta a la Procuraduría General de la República a realizar todas las investigaciones que fueren necesarias.
La sociedad sabe, todo el mundo intuye, con muchísima claridad, que la PGR no hará ninguna investigación y que ahora, con el aval de este informe, querrá lavarse las manos y decir que no hizo falta investigar el caso de soborno “inexistente” en Punta Catalina.
Por lo visto, este informe deja claro que no se realizó una investigación sobre el pago de soborno, que es lo que justifica las dudas, sino sobre la forma en que internamente la CDEEE y los miembros de la comisión de licitación designada por el administrador de la CDEEE, hicieron el trabajo que les fue encargado.
Dos miembros de esa comisión se retiraron, no firmaron las actas por estar en desacuerdo, y seis actuaron en ambas ocasiones a unanimidad, como si estuvieran convencidos de que actuaban correctamente. Las relaciones familiares, de intereses, de nepotismo, de los seis comisionados habría que analizarla, algo que tampoco hizo la Comisión Especial.
Y como queda demostrado, este informe era algo que todo el mundo sospechaba. No por sus integrantes, sino por la naturaleza del trabajo que les fue encargado. Por esa vía jamás llegarían a otras conclusiones. Es exactamente igual que si le hubiesen encargado investigar la licitación y asignación de la construcción de la Autovía del Coral. Nada habrían encontrado, como nadie lo encontró jamás, hasta que Estados Unidos obligó a la empresa a admitir el pago de los sobornos.