Este es un reclamo al presidente de la República, porque a Danilo Medina fue a quien la viuda del regidor Renato Castillo, la señora Raysa Acosta, se refirió cuando dijo que si en 20 días no se inicia el juicio penal contra los autores y cómplices del asesinato de su esposo ella y sus tres hijos podrían irse de este mundo.
La gravedad de este reclamo estremece cualquier conciencia. Los dominicanos tienen al presidente de la República como un Dios que todo lo puede. Eso han dicho los estudios de cultura política. No es extraño, entonces, que la viuda del regidor del Partido de la Liberación Dominicana en Bayaguana, asesinado el 25 de junio del 2014, se dirija a Danilo Medina.
Renato Castillo fue dirigente del PLD en Bayaguana, era regidor en funciones, estaba enfrentado a los negocios del síndico, y los había denunciado abiertamente. El síndico fue inculpado por los sicarios que ejecutaron el crimen, y revelaron que quien les pagó el asesinato fue Nelson Osvaldo Sosa Marte, más conocido como Opi, síndico de Bayaguana.
Opi fue puesto en prisión, se dictó medidas de coerción, hubo grandes esfuerzos para que este hombre no fuera a prisión, pero finalmente se inició el proceso de hacer justicia. La pasada semana fue enviado a juicio de fondo, por un tribunal de la provincia de Santo Domingo, pero Sosa Marte fue puesto en libertad bajo fianza, luego de contratar la fianza por 2 millones de pesos con una empresa local.
La sonrisa que siempre mostró el síndico indicaba algún indicio de impunidad garantizada. Lo ha dicho la viuda Raysa Acosta, que siempre recibió mensajes de que Sosa Marte sería puesto en libertad por sus conexiones políticas. Luego de que a quien pagara para que mataran a su esposo fuera puesto en libertad, Raysa fue junto a sus tres hijos a protestar frente a la Suprema Corte de Justicia. Se sentó en la grama delante del imponente edificio de la Suprema Corte de Justicia, con sus hijos y las fotografías de su esposo asesinado.
Ha dicho que no valen los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los consejos de los familiares. Su drama es muy grande, su desesperación no tiene nombre, no hay consuelo para su vida y la de sus hijos, incluyendo al más pequeño que no conoció a su padre, porque al momento del crimen estaba en el embarazo.
La sociedad debe poner atención a este drama. Un síndico es una autoridad importante, la más importante en un municipio, y si la justicia dominicana tampoco tiene autoridad para juzgar a un criminal, el país está desbordado y atravesado de costa a costa por la impunidad. Todos los países tienen capacidad para juzgar a sus autoridades, como acaba de ocurrir en Guatemala. Poner en libertad a una autoridad que participó de un crimen es un estímulo demasiado grande a los delincuentes, para que se vistan del ropaje que cubre a las autoridades y obtengan impunidad.
Sencillamente indignante.