¿Olvidará el país, y las propias autoridades, el castigo que merecen los que intentaron enviar desde el aeropuerto de La Romana 1,077 kilos de cocaína a Bélgica?
Un olvido de este caso, que tuvo la actuación destacada de varias agencias antidrogas de Europa y Estados Unidos, podría tener consecuencias en la credibilidad del país ante los países involucrados. Bélgica y Estados Unidos, al igual que conjunto de naciones de Europa, tienen interés en que las autoridades dominicanas castiguen a los responsables del tráfico de drogas.
Desde el primer día ese tráfico de drogas ofreció signos desalentadores. Nunca se informó sobre los propietarios del avión, tampoco se dijo sobre el destinatario de la droga. La justificación de las autoridades para mantener todo bajo el más absoluto silencio fue que esa droga sería utilizada como parte de una actividad terrorista, y no se dijo dónde.
Ahora se sabe que el avión involucrado fue devuelto a sus dueños, y que la aeronave está en un hangar en el aeropuerto Joaquín Balaguer, en manos de sus propietarios dominicanos, aunque los conserven a nombre de una empresa en los Estados Unidos.
Todos los civiles y militares involucrados, o bajo investigación, rápidamente han sido puestos en libertad, incluido el piloto de la aeronave y el chofer que transportó la droga hacia el aeropuerto.
Todavía retumban en los oídos del país las palabras del vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Roberto Lebrón, sobre la trascendencia del hallazgo y las implicaciones del mismo para descifrar la red que traficaba o que trafica drogas desde y hacia la zona este del país.
“No hay duda de que la operación era realizada en complicidad con el personal asignado allí por diferentes instituciones. Se trata de una estructura muy importante de narcotráfico que introducía cargamentos de drogas al país por la zona Este”, dijo ese 15 de diciembre el periodista Lebrón.
Existe la posibilidad de que terminen siendo procesados exclusivamente el holandés Nicolass Joannes Maria y el británico Rowson Edgard, a quienes el presidente de la DNCD acusa de dirigir una red de narcotráfico internacional para supuestamente financiar actividades terroristas. Y que el caso se cierre en esta parte, que es apenas el inicio.
Los indicios indican que hay muchos otros pejes gordos, pero que podría no ser posible investigarlos, ni humillarlos con interrogatorios, y que por sus características no están en condiciones de ofrecer declaraciones a los investigadores. La ley rige para todos, y hay que saber que en muchas ocasiones en este país se aplica la ley con mucho rigor a los hijos de machepa. Y si no, recordemos que los policías dominicanos matan a los ciudadanos por simple sospechas, porque mandan a detener a un muchacho en un barrio y éste no se detiene, o porque el Policía se imaginó, como pasó recientemente, que el joven iba a salir huyendo. Y terminó muerto.
El país tiene que enfrentar con seriedad el tráfico de drogas, y hacerlo implica no salvarle el pellejo a nadie, a ningún señorón de los que abundan en las actividades sociales y políticas del país.