La impunidad es el peor de los males derivados de la corrupción en la vida pública y privada. Sin embargo, la impunidad cuando se trata de los fondos públicos es nociva y de gran impacto social sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Quien usa el poder para robar el dinero público le está robando posibilidades al Estado de ofrecer educación, salud, empleo y de resolver problemas esenciales de la población, como las vías terrestres, el acceso a agua potable o el incentivo de la producción.
La impunidad se enseñorea en especial en los asuntos públicos, porque la buscan y la consiguen los políticos, que son a su vez los usufructuarios del poder y los que logran influencias y conexiones con jueces y fiscales, a los cuales controlan de forma invisible para no ser jamás procesados. Y en caso de llegar a un tribunal, lograr ser absueltos sin ninguna dificultad.
La impunidad es también una esperanza para los que detentando el poder se aseguran la continuidad del control de las entidades públicas, de modo que nadie pueda utilizar las leyes para que expliquen su enriquecimiento o sus decisiones, si las mismas llegaran a ser cuestionadas.
Países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra tienen instituciones fuertes, en los que prima la ley por sobre cualquier alegato o personalidad, y en donde es difícil que la impunidad se imponga con la soberbia que lo hace en otros lugares.
Recientemente en Panamá se han iniciado investigaciones sobre los actos de corrupción de la pasada administración que encabezó Ricardo Martinelli, y es obvio que se avanzan los pasos para llevar a la justicia al pasado gobernante. Y el mundo no se cae. El presidente de la Corte Suprema de Panamá, hace unos meses, se vio obligado a abandonar el cargo debido a que no pudo explicar la adquisición de bienes inmuebles con valor superior a los ingresos posibles de ese funcionario. Y el mundo no se ha caído, y Panamá es una nación con credibilidad y receptora ventajosa de inversión extranjera.
Más recientemente la presidenta argentina Cristina Fernández ha sido imputada por hechos dolosos y confabulación con el canciller Héctor Timerman, para obstruir la investigación de la justicia de su país por el caso AMIA. Un fiscal fue asesinado pero el fiscal que siguió el caso en manos de Nisman imputó directamente a la presidenta de la nación sudamericana. Y el país no se ha destruido.
En el 2013 el ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo resultó extraditado a los Estados Unidos por complicidad y lavado de dinero sucio, particularmente del erario público. Y el mundo no se ha caído sobre esa nación centroamericana. En cambio, se entiende que la Corte Suprema de Justicia fortaleció su sistema jurídico al negarle al ex presidente la petición de no extradición, porque supuestamente las imputaciones venían de sus enemigos y eran meramente políticas.
El ex presidente de Perú Alberto Fijimori recibió condenas de hasta 60 años de prisión por diversas ilegalidades, y se mantiene bajo arresto, pese a que las leyes de su país tienen penas máximas de 25 años, por corrupción, crimen y otros delitos desde el Palacio Presidencial. Perú ha fortalecido su sistema de justicia y con las sanciones a la corrupción y al crimen ha fortalecido la lucha contra la impunidad.
En la República Dominicana, con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, el ex presidente de la República Salvador Jorge Blanco, fue condenado a cárcel y a pagar indemnizaciones por las irregularidades cometidas en su administración en las compras de productos para las Fuerzas Armadas. Uno de los abogados que propugnó por la condena al ex presidente, el doctor Marino Vinicio Castillo, es hoy el Director General de Ética e Integridad Gubernamental, además de asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo, y los recientes hechos y denuncias sobre impuridades y abuso de poder, que debían por lo menos investigarse, es como si no estuvieran ocurriendo.
Vale decir, entonces, que la impunidad es el peor de los males derivados de la corrupción en la vida pública y privada.