El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el Estado de derecho y no puede permitirle al Sindicato de Dueños de Camiones, Cabezotes, Trailers, Furgones, Volteos y Volquetas de la Provincia de Dajabón (SIDUCATRAFURVOPRODA), que ponga en peligro la inversión realizada por el Grupo M en la empresa de zona franca binacional CODEVI.
Este sindicato, con su dirigente Giovanny Escoto a la cabeza, decidió desde el pasado jueves bloquear la entrada y salida de camiones del parque de zona franca. Es cierre de la empresa, en la que laboran por lo menos 10 personas dominicanas y haitianas.
No es posible que la impunidad se imponga en estos casos. El sindicato desea imponer sus servicios y sus tarifas a CODEVI, pese a que otras empresas de transporte ofrecen precios más baratos.
Al gobierno le corresponde imponer el orden, y en particular a la Policía Nacional.
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