Más de 70 organizaciones que pertenecen a la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres hicieron un llamado al Congreso Nacional para que respalde las observaciones hechas por el presidente de la República, Danilo Medina, al Código Penal y que las aprueben tan pronto como sea posible, bajo el entendido que ese apoyo salvará muchas vidas de mujeres y preservará derechos que hasta este momento han sido negados a las mujeres y a las familias dominicanas.
El presidente Danilo Medina fue coherente al devolver el Código Penal aprobado por los legisladores con observaciones sobre la interrupción voluntaria del embarazo en tres condiciones, para que no se convierta en un hecho punible por la ley.
La observación del presidente Danilo Medina contempla la despenalización de la interrupción del embarazo en caso de mala formación genética incompatible con la vida; también si el embarazo es producto de violación o incesto y en caso del aborto terapéutico recomendado por los médicos para preservar la vida de la mujer.
La decisión está en manos de senadores y diputados. Ya los senadores crearon una comisión para estudiar las recomendaciones del presidente Medina. El presidente propuso el texto que debe sustituir el artículo 107 del Código Penal y el texto del artículo 110, en el que se incluye las eximentes de responsabilidad penal por interrupción del embarazo en caso de una de las tres condiciones señaladas.
Rafael Calderón, senador por el Partido de la Liberación Dominicana, es quien encabeza la comisión de estudio de la propuesta presidencial. Los abogados que han opinado sobre el tema coinciden en que la pieza jurídica remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional es impecable y perfectamente ajustada a los diferentes artículos de la Constitución de la República, incluyendo el artículo 37, que establece que la vida se inicia desde la concepción.
Si hay algún temor en las cámaras legislativas deben quedar despejadas. El presidente ha sido claro y es la segunda vez que detiene el Código Penal por mantener la penalización absoluta de cualquier tipo de interrupción de embarazos. Una vez que fueron incluidas las tres eximentes el Poder Ejecutivo lo promulgó, pero el Código Penal fue declarado inconstitucional por el procedimiento irregular de la Cámara de Diputados de no enviarlo al Senado luego de conocer las recomendaciones del Poder Ejecutivo.
“Con la penalización absoluta del aborto, se afecta el Estado de Derecho de la República Dominicana, por las violaciones a los artículos antes mencionados que protegen los derechos de las mujeres, y al no cumplir con las normativas internacionales de las que el Estado dominicano es signatario y que tienen carácter constitucional, pues la Constitución dominicana establece en su artículo 74, numeral 1-3 que los tratados internacionales tienen carácter constitucional en la jerarquía de las leyes. También consignado en Resolución 1920-2003, de la Suprema Corte de Justicia, y en el 1969 la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho de los Tratados (Convención de Viena), en el Artículo 27 a otorgarle a los tratados internacionales una jerarquía superior a las normativas internas”. Esto es parte del razonamiento de las 70 organizaciones que han hecho el llamado al Congreso Nacional.
Nos sumamos a esta petición, porque se corresponde con un reclamo de justicia de las mujeres dominicanas, que jamás deben ser esclavizadas ni obligadas a ser parte de ilegalidades ni aberraciones.