El tema de la corrupción en la administración pública es uno de los más sensibles para el país. Tanto para el gobierno como para la sociedad. La percepción de corrupción es uno de los temas más debatidos, y el presidente en su discurso del 27 de febrero dedicó un gran esfuerzo a describir lo que el gobierno hace para hacer frente a la corrupción.

El doctor Fernández mencionó todo el esfuerzo legislativo y regulatorio que ha emprendido el gobierno. Ofreció los nombres de todas las organizaciones que han colaborado con las entidades del Estado para acorralar a los funcionarios de prácticas corruptas. Citó, incluso, hasta el número de comités de ética que se han creado y la cantidad de talleres realizados para fortalecer ese renglón.

Los datos aportados por el presidente son comprobables. Existe un ánimo legal para regular, establecer normas y recibir apoyo del exterior para combatir la corrupción. Incluso, Leonel Fernández nos comparó con otros países en la materia, y dijo que hemos avanzado mucho más.

Lo dijo así: "Cuando hacemos un análisis comparativo de lo que hacen otras naciones para promover la transparencia y combatir la corrupción, encontramos que muy pocas han creado los mecanismos institucionales con que actualmente cuenta la República Dominicana".

Tiene razón el presidente. Hemos establecido muchas normas, pero en la práctica la gente sigue pensando que hay mucha corrupción en la administración pública. Que en el gobierno central, en los ayuntamientos, en el Congreso Nacional y en los tribunales de justicia hay mucha corrupción.

¿Por qué ese contraste? ¿A qué se debe esa contradicción? Más del 70% de la sociedad piensa que en esta administración hay corrupción, incluyendo a una buena proporción de los que se declaran como simpatizantes del partido de gobierno. Así lo han puesto en evidencia las encuestas más creíbles publicadas en los últimos meses.

El problema más serio tiene que ver con la impunidad. Gente de mucho poder, muy cercana a las altas esferas gubernamentales, con posiciones destacadas en poderes públicos, se muestra y pavonea con mucho dinero, haciendo negocios de altísimas sumas, sin que puedan dar explicaciones de la procedencia de ese dinero.

Previendo que pudieran surgir críticas pidiendo acciones al gobierno, el presidente Fernández se adelantó en dar una respuesta a la ausencia de sometimientos. Y dijo esto: "Se podrá alegar que para que ese andamiaje quede completo, se requiere someter a la justicia a aquellos funcionarios que presuntamente incurran en actos dolosos.

Mi respuesta sobre ese particular es muy sencilla: que actúe el Ministerio Público. Que lo haga con plena independencia y libertad. Que cada quien sea responsable de sus propios actos".

Una cosa, sin embargo, es clara. El Ministerio Público depende de la presidencia de la República, y para más encanto, dice no tener recursos para realizar su trabajo. Las declaraciones de Hotoniel Bonilla, de que el Departamento de Prevención de la Corrupción no tiene recursos, está fuera de tiempo. Pareciera que ha querido desmentir al presidente, su presidente. Pudo haberlo dicho en otro tiempo.

¿Quién tendrá la razón?