El crimen contra Anibel González Ureña no puede dejarnos indiferentes. El hecho de que el criminal haya decidido quitarse la vida no es una excusa para olvidarse de la manera injusta y torpe como el Ministerio Público de San Pedro de Macorís otorgó impunidad al agresor, Yasmil Oscar Fernández Estévez, en 2017, cuando le dio 7 puñaladas a la víctima, y fue perdonado por los fiscales.
Anibel González, de 30 años y profesional del derecho, hizo todo cuanto debía hacer para salvar su vida y proteger a sus tres hijas. Denunció a su agresor, su ex esposo, advirtió con claridad ante la autoridad competente que el propósito de su ex marido era asesinarla, y hasta obtuvo un trabajo fuera del país para evadir ese propósito del hombre que decía amarla.
Pero los fiscales de San Pedro de Macorís fueron magnánimos con el agresor. Era empresario, tenía dinero, y parecía tener buenas relaciones con fiscales y policías, porque el video de su detención por las 7 puñaladas que infirió a la víctima el 3 de diciembre de 2017 es una clarísima muestra del compadrazgo que tenía con quienes debieron cuidar de Anibel González Ureña.
Finalmente, este 30 de agosto Yasmil Oscar Fernández cumplió su propósito de asesinar a la madre de sus tres hijas, ahora a tiros. Los responsables de este crimen son los fiscales de San Pedro de Macorís, ya sea por prevaricación al garantizar la impunidad del agresor para que pudiera asesinar a la víctima, o por complicidad, que viene a ser lo mismo, al firmar un acuerdo y permitir que el agresor quedara en libertad luego de un intento de asesinato. El intento de asesinato se castiga como el asesinato mismo, pero los fiscales de San Pedro no se han enterado.
Tampoco se enteraron de la política enarbolada por el Ministerio Público de cero tolerancia con la violencia de género, y que el lema de esa campaña era “ni una muerte más”, con orientaciones a los fiscales para despojar de las armas que tuvieron en su poder los agresores contra las mujeres, y ofrecer todas las garantías y protección a las mujeres que denunciaran agresiones de sus esposos o ex esposos o novios y ex novios. El plan parece haber sido olvidado, y en medio de tantas transformaciones involutivas, el Ministerio Público ya ni se ocupa de ofrecer protección a las víctimas de violencia, como en este caso con Anibel González Ureña.
El reclamo de justicia debe expresarse con mucha contundencia, pero no sólo contra los fiscales prevaricadores de San Pedro de Macorís, cómplices del crimen contra la joven profesional Anibel González, sino contra las más altas autoridades del Ministerio Público por permitir que estos crímenes sigan ocurriendo en sus narices, sin tomar medidas para evitar que ocurran, como tantas veces han prometido.