El pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba de auspiciar una reconciliación, con pedido de perdón incluido del senador Wilton Guerrero al ex presidente Hipólito Mejía.
Es bueno que haya ocurrido este desenlace sin consecuencias jurídicas mayores. Pero es lamentable. Y decimos las razones por las que entendemos que existe un vacío en la justicia dominicana para juzgar a senadores con poder político, como es el caso de Wilton Guerrero, quien lesionó moral y políticamente a Hipólito Mejía, hace seis años, y cierra un caso serio en su contra con una tímida disculpa al ex presidente de la República y a su familia.
En medio de la campaña electoral para la presidencia de la República, en el 2012, cuando Hipólito Mejía iba como candidato puntero por el Partido Revolucionario Dominicano, Wilton Guerrero aprovechó el anuncio de un viaje internacional de Mejía, a México, para decir que ese viaje se haría en un avión del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo Guzmán. El diario El Caribe se hizo eco de la denuncia, y tanto el senador como el director del diario fueron sometidos a la justicia por difamación e injuria.
El expediente fue directamente a la Suprema Corte de Justicia, por la jurisdicción privilegiada para el senador Guerrero. El presidente del tribunal, Mariano Germán, archivó el expediente o no quiso darle curso, como correspondía. Se desconoce el daño electoral recibido por Mejía en las elecciones por esta denuncia, pero de encabezar todas las encuestas, pasó a segundo lugar, y finalmente perdió las elecciones del actual presidente Danilo Medina, del mismo partido político del senador Guerrero.
Mejía insistió con la Suprema Corte de Justicia en que se hiciera el proceso. Recurrió en casación el archivo del caso, y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió que se le reconociera el derecho al demandante para que el senador respondiera las acusaciones de violación de la ley 6132. Nuevamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia tardó 4 años y 28 días para que el caso se conociera. Los abogados del senador Wilton Guerrero alegaron que el caso había perimitido, pero los jueces entendieron que nunca se había producido un juicio por falta de la propia justicia y no por falta de diligencia del demandante.
Ante una denegación de justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia, los integrantes del pleno se exponían a una demanda en responsabilidad civil, por daños y perjuicios, si no se conocía este proceso. Está por delante una evaluación de varios de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que podrían quedar invalidados si en su contra había algún proceso judicial pendiente de decisión.
Excluido del proceso judicial el director del diario, quedaba por resolver el problema del senador. El pleno de la Suprema Corte de Justicia optó por buscar una conciliación entre las partes, recomendando al senador pedir disculpas por sus declaraciones. Es lo que acaba de ocurrir, y el ex presidente Mejía aceptó la disculpas a él y a su familia.
Guerrero dice que recibió la información de una fuente, y que no confirmó el dato. Y se muestra arrepentido de su declaración. El daño político fue cometido y nadie sabrá las dimensiones que tuvo esa fechoría en el proceso electoral. Wilton Guerrero es, y cuando hizo la declaración también lo era, senador de la República. Puso en duda la seriedad del principal candidato presidencial, quien además había sido presidente de la República.
Se puede alegar que en una campaña electoral cualquier cosa es posible, y que denuncias como esas se utilizan como parte de la estrategia política. Tal vez es cierto. También es cierto que la disculpa de Guerrero no repara el daño moral y político infringido. El problema es que la justicia carece de mecanismos para que delitos como este se sigan cometiendo en el futuro. Leonel Fernández, ex presidente de la República, ha sido denunciado como vinculado a narcotraficantes. Y nos preguntamos ¿cómo impedir que este mismo expediente sea utilizado en algún momento contra Danilo Medina?
La justicia tiene que ser igual para todos. Este tipo de delito electoral, abiertamente lesivo y moralmente inaceptable, debe tener sanciones por parte de los tribunales dominicanos. Sin importar que sea un senador quien lo cometa. Por eso decimos que ha sido una solución lamentable, porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se ha hecho reo también del delito cometido. Aunque nadie reclame justicia.